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Opinión

Legislando sobre nuestros cuerpos

Legislando sobre nuestros cuerpos

A veces y solo a veces, en algunos momentos de la historia, se abren ventanas para las mujeres que otros se encargan de cerrar, incluso de tapiar. En forma de leyes, normas, castigos o legislaciones para el control del cuerpo de la mujer, se limita o elimina la libertad con la que cada ser humano debería gestionar su propio cuerpo. No es casual que sobre el cuerpo de la mujer podamos encontrar multitud de leyes y normas que controlan, manipulan y limitan la libertad que sobre nuestros cuerpos deberíamos tener. Sobre todo en lo que al fruto de nuestro vientre se refiere, la gestación, la obstetricia, la crianza y, en este caso, el aborto. El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es de dominio público, del sistema y de la Iglesia. Hoy son mujeres las que abren una ventana, de manera tímida, donde algunos hombres pusieron cerrojos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, anuncia la derogación de la reforma de la Ley de interrupción del embarazo de 2015.

Fue ese año, y bajo el mandato de Mariano Rajoy, cuando Alberto Ruiz-Gallardón promulgó una reforma de la Ley del Aborto de 2010, de Zapatero, y prohibió el acceso de las mujeres de 16 y 17 años a abortar sin tener la autorización de sus progenitores o tutores legales, volviendo así al modelo de Ley del Aborto de 1985, más restrictivo y donde las mujeres teníamos que alegar motivos para justificar el aborto. Curiosamente, cuando Gallardón juró su cargo, anunció su férrea intención de terminar con la ley de supuestos del aborto y, entre otras, con la Ley del matrimonio homosexual, alegando su “defensa de la familia”. No pudo con la Ley del matrimonio homosexual, pero sí recortó los derechos y libertades que las mujeres merecemos con respecto al aborto. Esto evidencia la clara desprotección en la que nos encontramos con respecto a los hombres en lo que a derechos y libertades se refiere. Para muestra, un botón. Gallardón, entre sus muchos y honorables servicios durante su mandato, llegó a indultar a un guardia civil que grabó una agresión sexual cometida por un amigo suyo mientras se reía de la situación. Deduzco que eso también fue un acto en “defensa de la familia”.

Ahora, el Ministerio de Igualdad da un paso adelante y empieza a legislar hacia la eliminación de tutelas hacia nuestros cuerpos por parte del Estado y la derecha. Comenzando los trabajos para cambiar la Ley de interrupción del embarazo y derogando la reforma de 2015. El objetivo, según Irene Montero, no es otro que “todas las mujeres tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos”. De esta manera y entre otros cambios, una mujer de 16 o 17 años no necesitará del permiso de sus tutores legales para abortar. Será libre de hacerlo cuando ella considere, dentro del marco de plazos. Igualando la Ley de interrupción del embarazo a la mayoría de países europeos que ya disfrutan de estas libertades que en España son tan extrañas y crean tanta controversia.

El derecho al aborto libre y seguro ha sido una demanda histórica de las mujeres desde que el dictador entregara la cuchara plácidamente desde su cama y rodeado de atenciones médicas que pocas españolas pueden llegar a soñar con tener. Demanda histórica y necesaria, porque ¿qué puede haber más horrible para una mujer que llevar a cabo un embarazo en contra de su voluntad? Sí, la derecha y la Iglesia disienten; faltaría más, somos el paraguas bajo el que se sostiene su ideal de familia judeocristiana y anacrónica. Pero no, no tenemos por qué encajar en ese sistema servil, ni tenemos que dar explicaciones sobre las razones que nos llevan a abortar. Nuestro cuerpo, nuestras reglas. Sin más debate, argumento, ni tutelas. Sin hacer de la maternidad una forma de esclavitud y sometimiento. Sin exponer a nuestros cuerpos y mentes a embarazos no deseados, abortos ilegales en condiciones insalubres, escarnios públicos, desigualdades entre mujeres ricas y pobres.

El aborto debe ser una forma de intervención legal y segura para las mujeres. Sin tutelas del Estado, ni de partidos, ni religiosas, ni sociales.

Mención especial a la intención del Ministerio de Igualdad de prohibir por ley la utilización del SAP (Síndrome de Alienación Parental), síndrome ficticio sin ningún respaldo médico, creado para separar generalmente a las madre de sus hijos e hijas en procesos de separación con violencia de género o agresiones sexuales de por medio.

Porque qué importante es la salud, integridad y vida de un niño o niña… hasta que choca con los intereses de un sistema heteropatriarcal.

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