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Los nichos de corrupción y la ruta del dinero

Sólo entre 2008 y 2013, el Ministerio de Fomento pagó más de 10.000 millones en sobrecostes

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella.”

Joan Baez

Alberto Vila | En el último Informe que dio a conocer Transparencia Internacional, España ha mejorado en cuatro puntos su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción. Aún así, se ubica aún en la posición 30 entre los 180 países estudiados en el informe de este año. Nuestro país está junto a Portugal, Barbados y Qatar, mientras que entre los 28 países de la Unión Europea se sitúa en el puesto 13. Sigue, por tanto, debajo de la media europea, situada en los 66 puntos. Para ser claros, hablamos de corrupción. Que la concesión y adjudicación de obra pública es un campo abonado para la corrupción política no es ninguna novedad. De hecho, es uno de los grandes problemas estructurales que padece España desde siempre.

Una de las fuentes de recursos para afrontar los nuevos y críticos tiempos es el establecimiento de una política fiscal equitativa, junto a la lucha contra el fraude de los contribuyentes. Otra fuente es el combate contra la corrupción en las prácticas comerciales y empresariales. En este sentido, el gobierno de coalición debe afrontar dentro de su plan de reconstrucción luego de la pandemia, una modificación de la normativa vigente de la contratación pública. Además de mantener un verdadero control en el cumplimiento de la ley.

Las trampas han hecho que, desde los tiempos del “botín de guerra” franquista en adelante, los llamados “costes excesivos no justificados”, invadan las certificaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. Las prácticas colusivas, basadas en generaciones completas de amaños y puertas giratorias, han consolidado la creencia de que son prácticas “normales”. Sin embargo los incrementos del gasto son ejemplo de una deficiente gestión que probablemente oculte un desvío de fondos opacado por una normativa creada a tal fin.

En este sentido, fue notoria la declaración de Vicente Monsonis, el que fuera presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Castellón. Este dirigente relató que ya en época de Eduardo Zaplana se devolvían los favores al PP con las modificaciones de los contratos de obras públicas. Llegó a decir que los sobrecostes pagaban en torno al 3% de comisión, pero que llegaban al 30%, si se disparaban las desviaciones. Estas prácticas eran tan habituales y obligadas “que si no entrabas en el juego quedabas fuera del pastel de las adjudicaciones públicas”. A esos porcentajes lo conocían como “la porción de pizza”.

Estas prácticas implicaron a gobiernos de todos los colores. Sólo entre 2008 y 2013, el Ministerio de Fomento pagó más de 10.000 millones en sobrecostes. De entre la multitud de casos que se han detectado mencionamos la Ópera de Valencia, que cuadruplicó su presupuesto inicial. De los 98 millones presupuestados se alcanzaron los 480 millones. Así, en 2006, la Unión Temporal de Empresas que la llevó a cabo, fue formada por Lubasa propiedad de Gabriel Batalla, quién confesó financiar al PP en 2007 y 2008. Las otras dos integrantes, Cyes, investigada en la Gürtel y en el caso Taula, mientras que Ricardo Costa acusó a Rover Alcisa de financiar al PP en las elecciones generales de 2008.

El AVE ha sido otro foco de sobrecostes que los españoles asumimos sobre nuestras espaldas, mientras la España verdadera carece de una red ferroviaria que consolide poblaciones mediante una comunicación fluída. Sólo en el recorrido de 621 kms que une Madrid con Barcelona puede comprobarse la sospechosa relación entre la administración y los contratistas. Véase, si no. De los 7.550 millones presupuestados, se adjudicó a la baja por 6.822 millones. Esta práctica es frecuente. Concedida la licitación, terminó la obra por 8.996 millones. Un 31% de sobrecoste. La justicia parece no disponer de los indicios suficientes para establecer una relación que podríamos definir como la de la “ruta del dinero” entre los cómplices. Además, de facto, esas prácticas son un modo de blanquear la corrupción.

Ya en junio de 2015, por ejemplo, las comunidades autónomas podrían haberse evitado sobrecostes de hasta un 20 % en la construcción de sus obras públicas en caso de que hubiesen erradicado la práctica de adjudicar los proyectos de ingeniería en función del precio de las ofertas que se presentan, como si de una subasta se tratara. Pero, por los casos de corrupción conocidos, no era esa la idea. También, sólo por recordar, en 2017 en el marco de la Operación Lezo, la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil registró las sedes centrales en Madrid de la constructora OHL, la tecnológica Indrao la gestora de torres de control aeroportuaria Saerco, entre otras compañías, en el marco de las investigaciones sobre supuesta financiación ilegal del PP en Madrid que sigue en una pieza separada el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Entre otras actuaciones, la Guardia Civil detuvo el viernes al consejero de OHL Javier López Madrid por el supuesto pago de comisiones a raíz del presunto fraude cometido en el Canal de Isabel II, pero cuya investigación se ha extendido también a otras empresas. Pero no es la única. Los nombres de grandes constructoras, como Acciona Infraestructuras, Dragados, Sacyr y San José, también estuvieron en las portadas de los medios, al ser investigadas por presuntos desvíos de fondos públicos de ADIF en las obras del AVE a Murcia. Asimismo, el caso de las comisiones del 3% en la adjudicación de obras públicas en Cataluña por parte de la antigua Convergència y sus fundaciones también ha afectado a numerosas e importantes compañías del sector. Y estos son sólo algunos de los escándalos más sonados y recientes. De todas estas actuaciones poco dinero se ha recuperado. Mucho circo y todos, o casi, en libertad. Algo falla en este sistema.

Transparencia Internacional estima que el 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno. A su vez, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hizo una estimación de que la obra pública en España soporta un sobrecoste que equivale al 4,6% del PIB, derivado de la corrupción y los procesos de licitación irregulares. De estas cifras surge que la “porción de pizza” de la corrupción probablemente supere los 100.000 millones de euros al año. Por ejemplo, el 10,4% del PIB de 2015. Este importe en inversión supondría dar empleo cerca de un millón de trabajadores.

Es decir, esa dirigencia ocupa sillones en el IBEX e influye en el clima social económico y político de España no está interesada en que cambien las circunstancias. El gobierno, por su parte, debe resolver estas cuestiones con la ley en la mano. La convivencia que tengamos la mayoría de españoles está en juego. Los recursos están allí.

No hay mucho tiempo.

 

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