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Política

Margarita Robles no renunció al gasto en armas a pesar de la emergencia sanitaria

La ministra de Defensa ha presionado a la interna del Gobierno de coalición para que se destine mayor partida presupuestaria a la adquisición de armamento, consiguiendo que se refleje en los Presupuestos Generales del Estado, en detrimento de otras prioridades que pone en evidencia la emergencia sanitaria

Margarita Robles aumenta presupuesto armas

Margarita Robles, la ministra más aplaudida por la derecha y la ultraderecha, ha ejercido presiones en el seno del Gobierno de coalición consiguiendo que se destine mayor partida del erario público a la compra de armas. La polémica se enmarca dentro de las acusaciones de autoritarismo que las asociaciones militares vierten hacia su característica “ausencia de diálogo”. “La interlocución con Defensa no es fácil”, aseguran también fuentes parlamentarias a LUH.

Desde el Gobierno de coalición critican este embate alegando las prioridades que presenta la actual emergencia sanitaria, que obliga a destinar la máxima cuantía de recursos públicos a combatir las consecuencias de la crisis. “No se puede entender que estando en mitad de una pandemia como la actual, el Ministerio de Defensa no haya renunciado a la compra de armas para destinar esa partida a vacunas", declaran.

Robles ya tuvo que plantearse sus decisiones

No es la primera vez que Robles protagoniza episodios similares. Ya en 2018, se vio obligada a esclarecer el suceso en torno a la venta de armas a Arabia Saudí días antes del asesinato perpetrado en su consulado de Estambul que acabó con la vida del periodista crítico Jamal Khashoggi, lo que supuso una sonada violación de los derechos humanos, algo que por entonces ya suscitó fricciones a la interna de la bancada socialista.

Asimismo, del 2,3% de los PGE que irá destinado a Defensa, se ha ocupado una gran parte en la construcción de maquinaria militar. Decisión muy criticada por parte de sectores del propio cuerpo y grupos políticos, incluso, de su misma formación. El vicepresidente del Gobierno ya afirmaba en una entrevista para Catalunya Radio que “no toca gastar en tanques” en mitad de la pandemia.

“Todo este gasto desorbitado de Defensa en armamento tiene que ver con los intereses de Estados Unidos que controla Europa través de la OTAN. Si tiene que haber una partida de Defensa, nuestra prioridad es esa, que no se cumplan los intereses de la OTAN y las grandes empresas sino que se busque una solución para las condiciones materiales de las personas, sobre todo, de los mayores de 45 años que se encuentran desamparados”.

Su abandono a los militares mayores de 45 años

La decisión contrasta con la existencia de propuestas alternativas a la batería de programas de inversión armamentística lanzada por la Ministra. La formación morada puso sobre la mesa la necesidad de proteger a las personas que conformaban las Fuerzas Armadas, planteando una redistribución del presupuesto hacia, entre otras, asegurar la carrera posterior a los 45 años, trabajar por la protección de la libertad política y sindical de sus miembros y aprobar una mejora de los salarios, destinados a dignificar las retribuciones.

“La inversión en Defensa tendría que ir a parar mucho antes a mejorar las condiciones de la tropa”, afirman las fuentes, “muchos de nuestros soldados son mileuristas y están destinados en lugares muy alejados de su familia”.

En concreto, se le planteó “frenar el ERE encubierto del Ministerio de Defensa” para los militares mayores de 45 años a través de una reforma de la Ley de la carrera militar, lo que supondría suprimir los actuales compromisos temporales y establecer una carrera integral exenta de discriminaciones por escala, una reclamación histórica de muchas asociaciones y agrupaciones de afectados. Algo que, como última responsable, eludió y decidió no incluir en el reparto de los fondos públicos.

“Hay muchos servicios que el Estado externaliza, que encarga a una empresa privada, que podrían asegurar la carrera de estas personas. Como es el caso paradigmático de la vigilancia perimetral de las cárceles, actualmente privatizada. O los rastreadores que operan para detectar focos de COVID. Hay tareas suficientes para que los militares mayores de 45 años cubran necesidades del Estado”.

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