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Política

Marta García Sipols: la jueza de Collado Villalba que no quiere ver el acoso a Irene Montero y Pablo Iglesias

Varios juristas consultados por LUH coinciden en que el auto de la jueza es inexplicable en términos jurídicos

Una investigación de Alicia Gutiérrez para Infolibre ha llamado la atención sobre la magistrada número 4 de los juzgados de Collado Villalba, que ha archivado la querella de Irene Montero contra la concejala de VOX Cristina Gómez Carvajal. Gómez Carvajal lleva más de dos meses acudiendo junto a otros ultraderechistas, cada tarde a la casa de la ministra con la intención declarada por ella misma, de conseguir que Irene Montero y Pablo Iglesias “se vayan de Galapagar y de España”.

A pesar del acoso diario que padecen la ministra y el vicepresidente en su domicilio, donde viven con sus tres hijos -situación que ha obligado al Ministerio del Interior a reforzar la seguridad de la familia- la jueza García Sipols escribió en su auto de archivo que “no había quedado acreditada ninguna alteración grave de la vida cotidiana de la querellante”. Una abogada consultada por este medio se pregunta qué pasaría si un magistrado tuviera que soportar cada día insultos en la puerta de su domicilio particular por parte de ciudadanos disconformes con sus sentencias y señala que “jamás en España se ha consentido algo así ni con políticos ni con magistrados por mucha que fuera su notoriedad”.

Uno de los argumentos que se han esgrimido para justificar el acoso al domicilio de Montero e Iglesias, es que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María sufrió un escrache en su domicilio por parte de miembros de la Plataforma de Afectados por la hipoteca en 2008. La diferencia fundamental es que la acción de la PAH se produjo un solo día, mientras que las acciones en la casa de Irene Montero y a Pablo Iglesias llevan produciéndose desde hace más dos meses. En este vídeo puede observarse además la contundencia de la acción de las Unidades de Intervención Policial en el escrache a Sáenz de Santa María que contrasta con la moderada acción de la Guardia Civil frente a los manifestantes ultras. Mientras el Gobierno del PP daba instrucciones de mano dura a los antidistubiros con los activistas de la PAH, el Gobierno de coalición ha apostado por una acción de extrema proporcionalidad con los elementos de ultraderecha. El único detenido por el acoso a Iglesias y Montero, Miguel Frontera que fue conducido a dependencias de la Guardia Civil tras encaramarse sobre el muro de la casa y grabar su interior, reconocía en una entrevista con “Estado de Alarma” que ni siquiera le habían puesto las esposas.

A preguntas de Alicia Gutiérrez, uno de los jueces que resolvió las denuncias por el escrache a Sáez de Santa María en 2008, señalaba que “hay una diferencia esencial entre un escrache que dura 20 minutos en un solo día y otro que se produce todos los días. Porque entonces hablamos de reiteración y de constancia, lo que significa coacciones. Es como si todas las madrugadas llamas por teléfono a alguien a la misma hora. Aunque no digas nada, estás alterando su vida, le estás coaccionando”.

Con argumentos similares, varios juristas consultados por LUH que prefieren omitir su identidad, señalan que el auto de García Sipols es incomprensible.

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