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Política

La guerra judicial contra la izquierda: fabricación de informes, acusaciones sin pruebas...

En las últimas semanas, muchos hablan de 'lawfare'; Sánchez ha recordado en el Congreso la "policía patriótica" que opera de forma ilegal dentro del Ministerio del Interior... Recordamos el caso de la portavoz de Podemos, Isa Serra

“Mi caso constituye un precedente muy malo para la movilización social”
Isa Serra

Con testimonios policiales como única prueba, el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) condenaba el pasado mes de abril a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a un año y siete meses de cárcel por un delito de atentado a la autoridad y a dos multas de cuatro meses con cuota diaria de 10 euros –2.400 euros en total– por un delito de lesiones y otro de daños, por los hechos sucedidos en enero de 2014 cuando, junto a otros activistas sociales, intentaba parar el desahucio de una persona con discapacidad en el barrio madrileño de Lavapiés.

La defensa de Serra ha denunciado que los hechos probados de la sentencia se apoyan sólo en la declaración de policías que sostienen una versión de los hechos contraria a la de la portavoz de Unidas Podemos y otros testigos, y que por ello la condena constituye una degradación de la presunción de inocencia, pues concede un plus de credibilidad a esos policías con respecto al resto de testigos, contraviniendo así la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “Se está negando mi presunción de inocencia, porque se está dando un plus de credibilidad a la palabra de tres policías que a la de cualquier ciudadano, y en este caso a la mía. De hecho, la sentencia sólo se basa en la palabra de esos agentes, frente a todas las pruebas, que son contrarias a las acusaciones de esos policías”, explica Serra a este diario.

“Es tremendo que nosotros aportáramos más vídeos y más fotografías de las que se aceptó ver en el juicio, y sin embargo el argumento que utiliza la sentencia es que los vídeos son insuficientes porque no muestran toda la realidad de lo que pasó en todo el desahucio, durante todas las horas. Es un poco perverso: primero te retiran las pruebas que estás aportando y no las incorporan y después, sobre las que han aceptado, te dicen que son insuficientes. Además, el momento en el que se me ve en un vídeo se utiliza contra mí para decir que estaba en el lugar donde posteriormente se produjeron altercados, es decir que no sólo no lo incorporan para mostrar que yo tenía una actitud pacífica, sino que encima lo poco que incorporan es solamente para culparme”, denuncia.

La defensa de Serra recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo “en cuanto se habiliten los plazos para hacerlo”, que han estado suspendidos por la pandemia de coronavirus. “El Supremo no tiene por qué volver a valorar las pruebas, es una decisión que tiene que tomar él y puede hacerlo o no; para mí es fundamental que lo haga, porque toda la prueba documental, en la que hay 115 vídeos en los que se ve perfectamente qué es lo que pasa en ese desahucio, cambia radicalmente si la ves a si no la ves, y de hecho eso es lo que la sentencia despacha en dos líneas pero es lo fundamental para nosotros. De hecho, salgo en una actitud muy tranquila y cuidándome de la situación: había cargas policiales…; se me ve dos minutos, pero es que estuve muy poco, los policías dicen que estuve desde las siete de la mañana pero la realidad es que llegué a las once y media, y media hora después me fui”, explica.

Esos policías son de la UCS (Unidad Central de Seguridad), la brigada antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid. “Un cuerpo específico que creó Ana Botella y que posteriormente el Ayuntamiento de Manuela Carmena, con Javier Barbero como responsable del área de Seguridad, trató de disolver –por cierto, hubo una campaña muy fuerte por parte de algunos sindicatos pidiendo que no se disolviera…–; son los mismos que han participado en este juicio y que me acusan a mí”, denuncia.

Preguntada sobre si considera el suyo un caso de persecución policial y judicial, Serra asegura: “es muy evidente una persecución por parte de los agentes que me acusan, no por ser de Podemos –que no lo era todavía–, sino por ser una activista social; se fue a detener a quienes se nos conocía por estar en movimientos sociales”. Y añade: “que yo ahora sea una cara conocida de Podemos ha estimulado en el mal sentido la decisión judicial, porque este proceso, tan público, podría haber servido para que se dieran todas las garantías, pero ha sido todo lo contrario, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un tribunal politizado, varios de sus jueces son elegidos por la misma Asamblea de Madrid, donde la mayoría es del PP”.

Una “persecución política”

Fuentes de Unidas Podemos enmarcan el caso de Serra en una “persecución política” tanto hacia el activismo social como hacia la propia formación y lo ponen en relación con otros, como el que afectó a Yolanda Díaz, Rafa Mayoral, Antón Gómez-Reino y Ángela Rodríguez, que el pasado mes de septiembre eran citados a declarar por una juez de Madrid por un supuesto delito de atentado contra la autoridad durante las movilizaciones que trabajadores de las fábricas de Alcoa, en A Coruña y Avilés, llevaron a cabo en marzo de 2019 frente al Congreso, en defensa de sus puestos de trabajo, y que se saldaron con un trabajador detenido.

Mayoral, abogado además de diputado de Unidas Podemos, denunció entonces que “todo el atestado” era “irregular” y aseguró que hay unidades policiales dedicadas “a la persecución de representantes políticos”. “Esto en el fondo no deja de ser una amenaza para la gente que quiera participar en política, porque si defienden a la clase trabajadora y se enfrentan a las multinacionales, las ‘cloacas del Estado’ actuarán”, alertó. Díaz, actual ministra de Trabajo, negó que agredieran a policías durante la movilización y denunció que, por el contrario, varios de los manifestantes sí fueron “duramente golpeados”. “Decir que he arengado a las masas y que he roto las vallas y que he golpeado a la autoridad es incierto y preocupante”, señaló.

Sólo después de que Díaz, Mayoral, Gómez-Reino y Rodríguez se querellaran contra la juez por supuestas irregularidades en la instrucción del caso, esta decretaba “el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones” tanto contra ellos como contra la mayoría de los trabajadores de Alcoa encausados, reconociendo que “las manifestaciones” de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía –como en el caso de Serra, las acusaciones se basaron únicamente en las declaraciones de los policías– describían hechos “inconcretos, vagos genéricos y sin entidad suficiente” para seguir con el caso abierto.

Volviendo a Serra, la parlamentaria autonómica asegura que su caso constituye “un mal precedente para la movilización social, porque se me está aplicando la doctrina ‘masa de acoso’” –doctrina que permite declarar la coautoría de un acusado de un delito grupal violento, como una agresión llevada a cabo en situaciones de superioridad numérica, aunque ninguna prueba lo incrimine directamente–, “que hasta ahora se había usado únicamente para peleas callejeras”. “Se entiende que hay coautoría cuando hay varias personas pegando a otra en el suelo, pero aquí se aplica contra una persona por ejercer su derecho a estar en una manifestación, culpándome y responsabilizándome de todo lo que pudo pasar en la paralización de ese desahucio; es un precedente muy malo para las movilizaciones sociales y para el derecho de manifestación”, insiste.

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