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Opinión

Negro balance de un pingüe negocio: más de 24.000 ancianos muertos

Negro balance de un pingüe negocio: más de 24.000 ancianos muertos

Casi la mitad de los fallecidos en España por coronavirus o síntomas similares  fueron ancianos internados en las residencias. Creo que no se ha reparado lo suficiente en este geronticidio. La cifra oficial contabiliza 24.372 personas alojadas en los 5.437 centros del país: el 48,5 por ciento del total oficial de muertos registrados.

De nada valió que en algunas de las comunidades autónomas donde fue mayor el número de fallecidos se solicitara una comisión de investigación, a la que –como ocurrió en Castilla y León– se negó el Gobierno regional, según denunciaron los diputados de la oposición. La muerte de más de 3.500 de nuestros mayores quedará así enterrada en la inmunidad del olvido.

Asquea esa política. Es la misma que preserva y auspicia el negocio que se está haciendo en España con quienes forjaron este país y nacieron y crecieron entre las penalidades de una guerra y una posguerra. En buena medida, ese negocio se nutre del Estado. El 41 por ciento de los 4.500 millones de euros de facturación de las residencias en 2018 procedían de la gestión de plazas concertadas (1.370 millones) y de la gestión privada de plaza públicas (475). El resto (2.655 millones) se obtuvo de la gestión de plazas privadas, pagadas íntegramente por los usuarios.

La expansión del negocio en el sector se debe a la creciente entrada de dinero público: en 2019 se ofertaron más de 270.000 plazas, 42.000 más que hace diez años, según datos del CSIC. Con toda seguridad, ante estos números, la oferta privada seguirá creciendo en el futuro, máxime si los gobiernos autónomos de cada comunidad no intervienen para reducir el déficit de plazas existente. España está en un 4,3 por cada cien habitantes mayores de 65 años, por debajo del 5 que aconseja la Organización Mundial de Salud.

De las cinco principales compañías que administran las residencias, todas con más de 45 geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos buitre de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones canadiense (Orpea). Cinco de los ciudadanos más ricos de España están en ello: Florentino Pérez, los ‘Albertos’ (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol). Así como la quinta fortuna de Francia: la familia Mulliez (Amavir). Dos grupos los controlan empresarios implicados en el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz (Savia) y el doblemente procesado José Luis Ulibarri (Aralia). Son datos aportados por InfoLibre en un reciente reportaje.

España es uno de los países con más alta esperanza de vida. Las residencias son un pingüe negocio al alza que seguirá nutriendo la desalmada codicia de quienes mercadean con la ancianidad, el periodo más respetable de la vida en muchas viejas culturas, y someten a la precariedad laboral más indigna a los trabajadores de esos centros. Un maldito virus ha venido a gritarnos que a nuestros mayores se les ha dejado morir en soledad y silencio. Hasta la fecha no hemos percibido una reacción para que el Estado, a través de los gobiernos autonómicos, evite o palíe que, ola tras ola, esa tragedia se repita. ¿Esperamos a la tercera?

Acabo de ver la foto del menú de una residencia de Cáceres, gracias a la asociación de Técnicos en Cuidados y Auxiliares de Enfermería: un grumoso puré y un par de bocados de un minúsculo trozo de pescado reseco. Esa pudo ser la última cena de uno de nuestros niños de la guerra y la posguerra que conocieron las cartillas de racionamiento, antes de que el maldito virus estrangulara su aliento en la soledad de su cuarto.

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