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No fue la pandemia lo que atacó a las residencias de mayores: fue el Partido Popular

La terrible situación de las residencias de mayores madrileñas fue denunciada durante los 4 años de la legislatura anterior, en la que Podemos propuso una ley que el PP y Ciudadanos bloquearon

No fue la pandemia lo que atacó a las residencias de mayores: fue el Partido Popular

U.H. - Las residencias de la Comunidad de Madrid están viviendo en sus propias carnes el peor de los dramas imaginables: 5.811 pacientes han perdido la vida después de padecer síntomas atribuibles al COVID-19; a penas a 1.130 de ellos se les dio un diagnóstico que confirmaba la presencia del virus.

Así, se han convertido en protagonistas de la tragedia en la región donde el total de fallecidos ascienden a 8.176. Es decir, el 70% de los fallecidos en Madrid vivía en una de las 700 residencias de la Comunidad.

Pero que las residencias de mayores de Madrid se hayan visto notablemente más afectadas que las del resto del Estado no es casualidad. Madrid cuenta con un sistema privatizado al 85% que ha sido regalado a grandes corporaciones geriátricas que en muchos casos se esconden en paraísos fiscales o están en manos de fondos buitres. 

En los últimos días hemos podido ver cómo el Partido Popular a nivel estatal trataba de sacarle las castañas del fuego a su presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, culpando al vicepresidente Pablo Iglesias de los fallecimientos en residencias. Anteriormente, trató de achacar los efectos de la pandemia en las residencias íntegramente al consejero de su gobierno, Alberto Reyero de Ciudadanos, que apenas llevaba unos meses en el cargo. Una estrategia ruin e irresponsable que tan sólo ha buscado esconder al único culpable que se encuentra detrás de los más de 20 años de desastrosa gestión en los centros de mayores: el propio Partido Popular.

Porque no sólo es cierto que durante esta pandemia las competencias sobre sanidad y políticas sociales se han mantenido intactas para las autonomías, es decir, el Gobierno no las ha intervenido y por lo tanto, no estaban bajo el control de Pablo Iglesias, si no que además, Ayuso estableció un mando único sanitario gestionado por el Consejero de Sanidad del PP, Enrique Ruiz Escudero, que es el que se ha negado a medicalizar las residencias como pedía el propio Reyero y todo el resto de fuerzas políticas de la oposición.

Medicalizar las residencias hubiera sido la única manera de poner un parche al desastre de las residencias y haber tratado de salvar las vidas de sus internos e internas. Y sería un parche, porque los más de 20 años de privatizaciones y precarización de los trabajadores necesita algo más que una simple medida de contingencia: precisa de una reforma legal del modelo para poner el cuidado y el bienestar de nuestros mayores en el centro.

Un logro que el grupo parlamentario de Podemos estuvo muy cerca de conseguir la anterior legislatura: presentó una Ley de Residencias que potenció la voz de las asociaciones de familiares y residentes que llevaban años protestando y puso en el ojo mediático los horrores que se vivían en las residencias. Finalmente el texto no salió adelante por culpa del Partido Popular y el apoyo de su actual socio, Ciudadanos.

Desde su entrada a las instituciones en 2015, la formación morada se interesó e asistió con terror a las revelaciones de lo que ocurría en las residencias de la Comunidad de Madrid. El entonces diputado de Podemos encargado de políticas sociales, Raúl Camargo, contaba recientemente en un artículo en el diario El País, su frustración con la fallida oportunidad de la aprobación de la ley que propuso su formación, y que hoy hubiera salvado vidas.

“Expusimos incontables argumentos y testimonios directos que acreditaban la situación límite en estos centros, pero la respuesta del Gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos, fue rotunda: no hace falta una ley. Los ratios de personal son correctos. Las residencias van bien. Solo creáis alarma social. Ha tenido que llegar una pandemia en forma de coronavirus para que la olla a presión de la atención residencial a personas mayores esté a punto de explotar”, afirmó.

¿Cómo es posible afirmar que la situación en las residencias hubiera sido diferente? Sencillamente porque la ley tenía como objetivo dignificar estos lugares para hacerlos lugares en los que los mayores puedan disfrutar de sus últimos años, no en almacenes precarizados que esconden una verdad incómoda: el maltrato institucional a los mayores de la Comunidad de Madrid.

El documento presentado por Podemos planteaba la mejora de las ratios de personal para que cada trabajador o trabajadora tuviera menos ancianos que atender y así mejorar la calidad del servicio; mejorar la formación y acabar con la precariedad de las trabajadoras en un sector feminizado en un 90%; aumentar el control de la administración a las residencias privadas; fijación de unos precios públicos asequibles; mejorar la participación y la información que tienen los familiares; y adaptar los espacios para las personas con discapacidad.

Pero el Partido Popular enmendó el texto de la ley dejando fuera puntos claves para el cuidado, como los ratios de personal. Podemos decidió entonces retirar la ley, ya que, sin esas medidas la situación de las residencias no mejoraría, según el partido morado. No tenía sentido seguir adelante con un proyecto que solo servía para que el Gobierno, en ese momento liderado por la entonces presidenta Cifuentes, se apuntase un tanto después de no haber tomado medidas significativas para paliar la situación de los ancianos.

El desprecio del Partido Popular ante la situación fue tal, que el entonces consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo Torres, contestó con un “ladran, luego cabalgamos” a las críticas de las trabajadoras de las residencias de mayores que en una ocasión acudieron al Pleno de la Asamblea de Madrid a escucharle hablar sobre su gestión.

El entonces consejero, y aún diputado popular de la Asamblea de Madrid fue reprobado posteriormente de su cargo por su nefasta gestión y por distinguir entre niños “pobres” y “normales”.

Miles de denuncias se han sucedido desde hace años por parte de los familiares a la Comunidad de Madrid por la situación de las residencias: maltrato físico, falta de higiene y limpieza, problemas con la nutrición, plagas de insectos e incluso el fallecimiento de residentes culminaron con la comparecencia del Defensor del Pueblo ante la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid. Pero los sucesivos esfuerzos tanto de fuerzas políticas como Podemos, como de los familiares, resultaron en vano: la nueva administración de Ayuso inició la legislatura admitiendo que contaba con menos personal del necesario para funcionar y con más de 500 denuncias en tan sólo una de las residencias, la del Parque de Los Frailes.

El actual grupo parlamentario de Unidas Podemos anunció antes de la epidemia de coronavirus que presentaría nuevamente su proyecto de Ley de Residencias basado en el modelo público para tratar de conseguir en esta ocasión que las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid “garanticen ratios dignas.”

“Llevamos años diciendo que el modelo de residencias de mayores es insostenible. Hoy lo comprobamos con horror. Antes de empezar esta crisis ya propusimos reformarlo. En cuanto pase insistiremos. Estoy seguro que encontraremos los apoyos para hacerlo”, decía en Twitter el portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, al conocer las primeras cifras de fallecidos en los centros de mayores por la COVID-19.

 

 

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