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Política

Los gobiernos del PP en Galicia y Castilla y León también negaron el auxilio en las residencias de mayores

Los protocolos emitidos por sus gobiernos regionales pedían que no se hospitalizaran a cierto tipo de pacientes procedentes de las residencias de ancianos

En Madrid ha trascendido con especial resonancia. La gestión de las residencias durante la pandemia, competencia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, le ha ocasionado, por un lado, una querella que ha llegado ya al Tribunal Supremo. Por otro, un cisma interno dentro de su Gobierno que ha acabado con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos) mostrándose manifiestamente en contra de la manera en la que ha procedido la consejería de Sanidad. “No es ético y posiblemente no sea legal”, reconocía en la Asamblea de Madrid.

En una serie de correos internos con Ruíz Escudero destapados por El País, Reyero advertía de que podría darse la circunstancia de que los ancianos murieran “de forma indigna”, y que, si se guiaban por el protocolo repartido por la Comunidad de Madrid, podrían estar incurriendo “en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Dicho documento no fue un error, tal y como adujo el Consejero, ya que, como explica Daniel Ramírez, va firmado y cumple con todas las condiciones necesarias para ser oficial.

El mismo problema, en Castilla y León

No. Madrid no ha sido el único caso. Tal y como ha revelado eldiario.es, la Junta de Castilla y León también ordenó que no se trasladara a los ancianos a los hospitales durante los días más tensos del Covid-19. Así lo acreditan los documentos publicados, que indican que el Gobierno del PP (responsable de Servicios Sociales) y de Ciudadanos (de Sanidad) pidió, explícitamente y en negrita, que se atendiera a los residentes “sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital”. Esta orden recibió el apoyo de su Comisión de Bioética (que la suscribía “salvo en casos de gran excepcionalidad”).

La fiscalía de Castilla y León, a partir de una denuncia del Defensor del Paciente, ha empezado a investigarlo. Sin embargo, Francisco Igea (vicepresidente de la Junta) no ha dudado en señalar públicamente al Consejo de Médicos regional, que le había inquirido por su gestión. José Luis Díaz Villarig, que, como respuesta, lo ha denunciado.

En Galicia, un protocolo similar

En Galicia, el Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo aplicó una política similar.

De los 615 muertos por el virus en todo el país, casi la mitad lo han hecho en residencias. Uno de los núcleos principales se ha situado en la de DomusVi (en Cangas, Pontevedra). “Antes de votar queremos la verdad”, pedían en una concentración.

Lo cierto es que, según los documentos que se han conocido tras una filtración, el SERGAS (el servicio gallego de salud) excluía de las hospitalizaciones a personas en grado de dependencia severa (grado 2) y de gran dependencia (grado 3).

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