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Opinión

Ofensiva judicial de la derecha contra Ada Colau para frenar las políticas progresistas en Barcelona

POR SILVIA GARCÍA

Los medios se hacen eco cada día de muchas denuncias o procesos judiciales que tienen que ver con el espacio político progresista. Por ejemplo, entre 2014 y 2020, Unidas Podemos se enfrentó a 10 causas judiciales y todas quedaron archivadas. Ada Colau y los Comuns han sido objetivo del mismo tipo de estrategia judicial en Barcelona: una campaña de acoso y derribo por parte de la derecha y sus brazos económicos, judiciales y mediáticos para intentar frenar las políticas que están transformando la ciudad.

Concretamente, desde 2015, Ada Colau y sus concejales se han enfrentado a otras 10 denuncias y recursos contra políticas que están pensadas para mejorar la vida de los vecinos, luchando contra la especulación o los abusos de grandes compañías. Los hoteleros recurrieron la regulación que ponía frenos al turismo desbocado que expulsaba a los vecinos de sus casas. La multinacional francesa AGBAR recurrió la multiconsulta ciudadana que entre otras cosas pretendía municipalizar el agua de la ciudad. También se recurrió la creación del dentista municipal (2019), una política pionera para universalizar la salud bucodental. JuntsxCat llevó a la fiscalía (2020) las actuaciones desplegadas en Barcelona para ganar espacio para los peatones y la fiscalía lo desestimó.

La alcaldesa de Barcelona también se ha enfrentado a las querellas que han acabado desestimadas: la del fondo buitre Vauras por sus políticas en favor del derecho a la vivienda y de Unauto-VTC por defender al sector del taxi (desestimada), así como otra querella, también archivada, por la gestión de la pandemia. A todo esto se suman también querellas por parte de lobbys contra concejales y exconcejales: el fondo buitre MKPremium tiene en el punto de mira a la exconcejala Gala Pin, a la que también se denunció por convocar a la ciudadanía a frenar los desahucios en las calles, y los promotores de un hotel de lujo a la concejala de Urbanismo Janet Sanz. Ambas causas por hacer caso a los vecinos y frenar proyectos de especulación y gentrificación en los barrios de Barcelona.

Todas estas causas han sido archivadas. Ahora suena una nueva querella por parte de Abogados por la Constitución, un grupo ultra presidido por un ex candidato de UPyD relacionado con el mundo inmobiliario, contra las subvenciones que se otorgan a la PAH, Alianza contra pobreza energética o Aigua és vida, entidades sociales y de derechos humanos y de reconocido prestigio internacional por detener miles de desahucios y evitar cortes de agua y luz por parte de multinacionales como Endesa a millares de familias necesitadas. Entidades que, por otra parte, ya colaboraban y recibían subvenciones del Ayuntamiento antes de la llegada de Ada Colau. Subvenciones que se han concedido de manera reglada y con todos los informes favorables de los servicios jurídicos y ajustados a derecho.

Las derechas no perdonan que se la derrotara en las urnas en 2015 y 2019. Hay políticas progresistas que molestan a los poderes económico, judicial y mediático y emplearán contra ellas todo su arsenal. Los objetivos de estas querellas son siempre los mismos: desgastar a los Comuns, criminalizar a los movimientos sociales en defensa de los más desfavorecidos y que en Barcelona se dejen de hacer políticas para la mayoría… Pero ante eso, Barcelona no dará NI UN PASO ATRÁS. Frente a los poderosos, se seguirán haciendo políticas para la mayoría social.

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