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Editorial

Orgullo de derechos trans

Sólo quien ostenta privilegios puede estar en contra de que un colectivo sin derechos los conquiste

El Orgullo LGTBI de este año trae los cambios que el Covid-19 ha obligado a hacer en todos los ámbitos de nuestra vida. No habrá manifestación ni actividades festivas y reivindicativas en las calles, pero la batalla por la igualdad no se detiene.

La polémica sobre si la autodeterminación del género, que no es otra cosa que la desmedicalización de las vidas trans, debe contemplarse en la futura ley integral de transexualidad viene a decir que la lucha LGTBI está viva y que el movimiento social, lejos de dormirse en el sueño de los justos, tiene la determinación de seguir conquistando todos los derechos para todas las personas.

La realidad de las personas transexuales en nuestro país está muy lejos de ser ideal. La sola existencia de las personas trans es un riesgo para su integridad física y para la vulneración del derecho a la educación, a la sanidad, al empleo, a la vivienda y a cientos de ámbitos que las personas cisexuales, quienes al nacer fueron asignados con su sexo, ni pueden imaginar.

El sencillo trámite de alquilar un piso para un persona trans puede ser una odisea, incluso teniendo el dinero; sobrevivir al acoso, a la burla y a las humillaciones en el colegio o instituto es un deporte de riesgo para la infancia y adolescencia trans; y la tasa de desempleo, alrededor del 80%, que sufre este colectivo nos habla de exclusión laboral, que no es lo mismo que estar en paro.

Las pensiones de las personas mayores transexuales, especialmente las mujeres, son raquíticas cuando son contributivas, y de supervivencia cuando no son contributivas. Con el mercado laboral cerrado a cal y canto durante la dictadura y muchas décadas de la democracia, los y las transexuales con más de 65 años viven en su mayoría en la exclusión social y sus vidas están sostenidas por los servicios sociales y la caridad.

La crueldad del dogma judeocristiano y la estrechez moral del franquismo ha destruido mucha felicidad y roto muchas vidas trans. 42 años después de la aprobación de la Constitución, el colectivo transexual sigue esperando una ley específica y el apoyo de la democracia para derribar, de una vez por todas, los muros que dificultan la igualdad de oportunidades de las personas trans.

Las personas trans no son una teoría, son vidas atravesadas por la desigualdad, la precariedad, la inseguridad y la violencia sobre sus cuerpos,  víctimas del patriarcado por romper las reglas estáticas de lo que debe ser un hombre o una mujer.

La transexualidad ha existido, existe y existirá siempre, porque no es otra cosa que la manifestación de que la naturaleza es diversa y plural. Es urgente que las leyes se adapten a una realidad presente desde tiempos inmemoriales y en todas las especies animales.

La transexualidad no es una moda, ni una confabulación para borrar nada ni a nadie, ni tampoco un capricho y mucho menos una enfermedad mental. Las mujeres trans fueron las primeras que se rebelaron contra la violencia policial en los disturbios de Stonewall en Nueva York, en 1969. Fueron ellas las que parieron la lucha moderna por la libertad sexual y han sido las más invisibilizadas del acrónimo LGTBI.

14 comunidades autónomas ya contemplan la libre autodeterminación del género en sus textos legislativos y países como Argentina nos muestran que otorgar derechos a las personas trans no va contra los hombres y mujeres cisexuales, sino a favor de una sociedad donde todo el mundo tenga derecho a ser feliz.

“En su modelo de sociedad no quepo yo. En el mío sí cabe usted”, le decía el recordado Pedro Zerolo a los homófobos que afirmaban que otorgar derechos a las familias homoparentales haría desaparecer la familia tradicional. Sólo quien ostenta privilegios puede estar en contra de que un colectivo sin derechos los conquiste.

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