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Política

Pablo Hasél ingresará en prisión mientras que Juan Carlos I continúa rodeado de lujos en Abu Dhabi

Así se lo ha transmitido la Audiencia Nacional al rapero después de que el Tribunal Constitucional no admitiese el recurso presentado por su defensa

Pablo Hasél ingresará en prisión mientras que Juan Carlos I continúa rodeado de lujos en Abu Dhabi

Pablo Hasél tiene diez días para ingresar, de forma voluntaria, a un centro penitenciario. Así lo ha anunciado él mismo después de que la Audiencia Nacional se lo notificase. El requerimiento ha llegado después de que el Tribunal Constitucional decidiera no admitir el recurso de amparo presentado por la defensa del artista. Una resolución que, para Hasél, deja entrever que la libertad de expresión no está garantizada en España.

Y es que el rapero debe cumplir una condena de nueve meses y un día –además de una sanción económica– por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias contra la Corona y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Una pena que fue ratificada por el Tribunal Supremo el pasado junio y a la que hay que sumar otra dictada en 2014 de dos años de prisión, en la que también fue acusado de enaltecer el terrorismo.

Las letras de sus canciones y algunos tuits fueron el objeto por el que Hasél fue acusado de dichos delitos. Desde el punto de vista del Tribunal Supremo, los mensajes en cuestión no cabían en la libertad de expresión. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ya defendió al artista tras la reafirmación del Supremo en junio, cuando aseguró que “la condena era contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión a los que España está sujeta”.

Pero Hasél no ha sido la única víctima de esa presunta falta de libertad de expresión en España. Valtònyc, Guillermo Zapata o César Strawberry son otros ejemplos de cómo reflejar opiniones y comentarios en Internet puede conllevar a acusaciones e incluso penas de prisión. Una limitación en la libertad de expresión impulsada por la denominada Ley Mordaza –aprobada por el Partido Popular–, a la que Amnistía Internacional ya señaló por su peligrosidad al suponer un “uso abusivo” de las leyes.

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