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Pablo Hasél y las formas

Que Pablo Hasél está en la cárcel para cumplir una pena de dos años y nueve meses, que responde a delitos por enaltecimiento del terrorismo (de acuerdo al artículo 578 Código Penal) e injurias a la Corona, no es algo nuevo a estas alturas.

No obstante, su condena no es asunto que deba banalizarse, pues refuerza un perturbador precedente que se viene dando desde hace unos años, y que han sufrido desde titiriteros, a cantantes de diversa índole. Conviene darle una vuelta que no se ha tocado tanto respecto a esta condena, más centrado en el revuelo jurídico que, de hecho, ha generado entre las esferas jurídicas.

La raíz de lo que sucede con Hasél, y con otros, y lo alarmante este tipo de condenas, es la creciente práctica judicial de interpretar los actos de los afectados, ajustándolos al delito del que se les acusa, en vez de juzgar si sus actos coinciden con dicho delito. Sin ir más lejos, la sentencia establece como tipo penal el "libertinaje de expresión" contra Hasél, algo que, según dice el abogado de éste, es inexistente en el código penal.

El TS ha señalado frente al alegato que defendía los tuits y letras de Hasél como libertad de expresión, que el ejercicio de libertad de expresión se condiciona por otros derechos y exigencias, entre los que está el respeto al otro (refiriéndose a la humillación de las victimas) y la prohibición de "conductas de alabanza de actividades terroristas que alimente un clima favorable a su reproducción o se constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa naturaleza, acciones que cuartean los pilares del Estado de derecho"

Tres magistrados disidieron de la sentencia impuesta al rapero, alegando, en palabras de Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, que "ni en injurias al rey, ni en injurias a la policía ni en enaltecimiento del terrorismo puede ser considerada por el ordenamiento jurídico español una conducta delictiva (...)La conducta (es decir, la forma de expresión utilizada por Hasél) es una conducta atípica no delictiva y en este caso no procede ninguna pena como dicen los magistrados disidentes porque es una conducta que no se puede castigar sin violar la libertad de expresión".

El propio Dopico alega que si bien Hasél usa términos brutales contra determinadas acciones de la policía, una condena penal transgrede los estándares impuestos por el TEDH sobre libertad de expresión y discurso antipolicial (en sentencias como Savva Terentyev c. Rusia y Stomakhin c. Rusia).

Esto viene a decir que el rapero podrá haber escrito ideas agresivas, pero no ideas que llamen a la violencia colectiva contra algo o alguien (un punto central), y que el hecho de que exponga esas ideas, pese a las formas y lenguaje elegido, no debería considerarse delito.
El problema, de nuevo, estriba en que se está esquivando de pleno un debate constructivo sobre la estructura legislativa. No ahondamos en cómo se debe cambiar, con qué criterios, como debería corregirse los criterios legislativos sobre las normas que colectivamente debemos seguir, y explicar el porqué de su lógica. En suma, no actuamos tal como se debería hacer, a mi juicio personal, con una ciudadanía cuyas instituciones democráticas consideran madura.

En su lugar se reduce de nuevo a una atención exacerbada sobre el mobiliario público, convirtiendo una manifestación en defensa de derechos y libertades en un problema de "orden social" haciendo hincapié en que quienes se manifiestan lo hacen por la diversión de generar caos. Y no hay más que hablar.

Pablo Hasél puede, efectivamente tener un discurso que no se comparta, unas formas que no sean de nuestro agrado, y unas manera de expresión que oscilen entre el insulto y la agresividad, pero no ha llamado a ejercer la violencia, tampoco en los tuits por los que se le ha encarcelado. Todo esto mientras los tribunales europeos ya adelantan avisos de la ilegalidad de este hecho a las instancias españolas.

Que aun así haya acabado en la cárcel, es algo que debe ponernos alerta como ciudadanía. Es evidente que a nuestro sistema judicial le faltan ajustes de envergadura, ya no solo porque lleve dos años funcionando fuera de tiempo y requiera constitucionalmente de una renovación que actualmente se halla bloqueada, sino porque casos como estos nos muestran los pasos que efectivamente nos quedan por dar en la dirección a un sistema democrático sin fallas tan preocupantes.

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