Alba González Pérez
Según los datos aportados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en su informe sobre pandemia y desigualdades, la informalidad laboral, exenta de regulación pública –que supone en torno al 50% del trabajo en la región–, desata consecuencias desastrosas para los sectores sociales más desfavorecidos.
Esta característica del ámbito laboral ha supuesto que millones de personas percibieran cero ingresos durante el pico pandémico. Además, las poblaciones indígenas y afro son las más afectadas, ya que representan el 14% de los grupos más pobres y el 17% de indigentes en toda la región, disparando su mortalidad.
Lo anterior, aunado a la brecha tecnológica y a las características poco propicias de muchas viviendas para el confinamiento total, imposibilita las opciones de teletrabajo o educación a distancia, dilatando aún más las fisuras de desigualdad.
Diversificando estos datos, encontramos que las mujeres son más vulnerables que los hombres de cara a sufrir los costes psicológicos y físicos debido a la mayor implicación en los cuidados que se deducen de esta situación, no solo económica, también en la gestión de la pandemia.
Estos datos contrastan con la capacidad –tanto adquisitiva como de acceso a los recursos disponibles– de la minoría rica en los diferentes países de América Latina, siendo casi en su totalidad de origen colonial, europeo y blanco, quienes apenas han sufrido las consecuencias expuestas.
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