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Internacional

Persecución política, secuestro de la democracia, ‘lawfare’ y violación de derechos humanos: la realidad de una Bolivia devastada

En una conversación exclusiva que LUH ha mantenido con el exembajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, ha confirmado la situación desesperanzadora que vive el país a nivel político, económico y social. “Bolivia no registraba problemas de hambre desde 1985, estamos ante una crisis humanitaria colosal”

elecciones bolivia

“No ha habido una ruptura del orden constitucional básicamente desde el último golpe de Luis García Meza en 1980”. Así comenzaba la conversación con Sebastián Michel, exembajador de Bolivia en Venezuela, quien afirma que actualmente el Gobierno de Jeanine Áñez responde a un golpe de Estado.

Los inicios del golpe de Estado

El derrocamiento del gobierno boliviano electo en urnas se produce justamente en un marco electoral, donde Evo Morales se postulaba para un cuarto mandato. “Este cuarto mandato no estaba muy arraigado en la cultura política boliviana”, afirmaba el exembajador. Algo que tiene que ver con la fuerte crisis que vivió el país entre el período 2000-2006, donde se sucedieron 6 presidentes en 6 años en un clima de alto conflicto social.

Según Michel, en ese período “no había continuidad de políticas públicas, no había estabilidad económica, no había un liderazgo que pudiera dar estabilidad social al país” hasta que en 2006 aparece Evo Morales. “Es la gente quien tiene la demanda de continuidad”, remarcaba.

Esta continuidad proporcionó al país unos muy buenos resultados económicos y estabilidad social.

Último año de gobierno

Sin embargo, en el último año del gobierno de Morales, la formación se enfrentaba a dos grandes conflictos: además de un problema interno y las resistencias ante la posibilidad de reelección del mandatario, se le añadía el problema externo provocado por la masacre de los incendios en la Amazonía.

“Se instaló que había detrás de los incendios globales un decreto de ampliación de frontera agrícola [...] y que era él el responsable”, declaraba Michel refiriendo a Morales.

En estos conflictos situados en las zonas urbanas, la derecha conservadora y católica de Bolivia –que casualmente coincidía 10 días antes de las elecciones– se alzaba afirmando ya una clara declaración de intenciones: “no iban a reconocer un resultado fraudulento que diera vencedor al Movimiento al Socialismo (MAS)”.

Las elecciones

Bajo este clima se celebraban entonces las elecciones, donde las encuestas previas lanzaban la victoria del MAS con un 60% de los votos.

La jornada transcurrió con normalidad –según los observadores de organismos internacionales– y se llevó a cabo el recuento primario conocido como “Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”. Algo sin validez legal pero que sirve históricamente en el país para lanzar unos primeros resultados.

Es ese primer conteo, con el 84% escrutado, se daba una diferencia de 8 puntos de Evo Morales sobre Carlos Mesa.

Contratación de empresas de contabilización de voto y fraude

Los recuentos electorales oficiales y con validez legal –posteriores al TREP– en Bolivia se llevan a cabo históricamente en un período medio de 2 o 3 días, y se realizan a través de un sistema informático de registro de datos.

Las dos empresas contratadas para ello fueron Neotec (propiedad de Guzmán de Rojas, amigo personal de Carlos Mesa) y Ethical Hacking (propiedad de Álvaro Andrade, íntimo de Jorge Quiroga, uno de los líderes más destacados de la derecha).

Este último, Álvaro Andrade, le proporcionó un informe al Órgano Electoral diciendo “que el sistema ha sido hackeado y que se están subiendo datos al sistema TREP”, según el exembajador. Ante esta irregularidad, es cuando los responsables de la comisión electoral dan la orden de detener el sistema.

Poco después, Ethical Hacking declaró que no había habido un hackeo, sino que uno de los ordenadores se había estropeado y había sido sustituido por otro que no había sido inscrito en el registro de fiscalización del que dicha empresa era responsable.

Debido a esta irregularidad protocolaria, empieza a incentivarse un diálogo impulsado por las fuerzas políticas de la derecha sobre la posibilidad de fraude. Algo que, ligado a las movilizaciones apuntadas anteriormente, “comienza a generar mucha violencia urbana” con la quema de oficinas electorales y votos.

El informe de la OEA

Tras estos acontecimientos, la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza un informe donde no habla en ningún momento de fraude, sino que, debido al incidente, lo único que propone es una auditoría del proceso.

“A día de hoy no hay ni un solo grupo de derecha, ni un solo organismo, que pueda demostrar algún caso donde haya habido fraude”, garantiza Sebastián Michel, “tan solo una ruptura de custodia” algo que “no constituye que el MAS haya planteado un fraude”.

Este hecho ni si quiera es problemática del MAS, sino de los grupos violentos organizados que quemaron las oficinas electorales y las papeletas (opositoras, por cierto, al partido encabezado por Evo Morales).

Por suerte, las papeletas no contaban en aquél momento con validez legal ya que las actas habían llegado firmadas en perfecto estado al organismo nacional para su recuento. “En ningún caso constituye sospecha de fraude”, añade.

Materialización del golpe de Estado

Ante este clima de violencia, se generan 3 momentos clave que materializan el golpe de Estado.

El primero de ellos, el motín policial sostenido durante 21 días. Ante ello, Morales declaraba entonces que no quería “manchar este legado popular de éxito económico y de inclusión social con muertos”, consiguiendo que, a pesar del clima exacerbado de violencia, no se contabilizara ni un solo fallecido.

Un segundo momento responde a la petición por parte de la policía de la renuncia de Evo Morales como presidente. “Nunca una organización armada puede pedirle una renuncia a una autoridad democráticamente electa” ya que “si viene un hombre armado a pedirte la billetera y tú se la entregas, constituye un asalto, no un regalo”, relata Sebastián Michel.

En esa coyuntura renuncia Morales. Además, se suma el Ejército a las presiones policiales, inaugurándose una etapa de violencia específica contra miembros del Gobierno como la quema de casas de diputados del MAS, obligando a su dimisión.

Paralelamente, Jeanine Áñez instala un sesión parlamentaria donde no hay quórum –debido a que estas presiones violentas sobre líderes del MAS les impiden acudir físicamente a la Asamblea– y se autoproclama presidenta interina estando la Cámara vacía.

Vulneración de derechos humanos: asesinatos, persecución y ‘lawfare’

Estos sucesos levantan una gran movilización popular en rechazo a la autoproclamación y a las amenazas, a lo que la policía y el Ejército responde con disparos a bocajarro, ocasionando “una masacre que hoy ya lleva más de 40 muertos”, en palabras del exmandatario.

“Hay más de 500 heridos y más de 1500 detenidos”, afirma Michel, “y hoy en día contamos con más de 500 líderes exiliados”.

“Yo nunca he tocado un arma, nunca he creído en eso, y yo estoy encausado por ‘querer’ incendiar un aeropuerto, cosa que no es verdad”. “Y así como yo, el candidato a presidente, Luis Arce, que ha sido un economista, está acusado por financiamiento al terrorismo”, declara Sebastián Michel, generando un clima muy duro de persecución política, judicial y policial de miembros del MAS.

Además, periodistas y medios han sido amenazados y cerrados, hecho corroborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión.

Consecuencias materiales del golpe de Estado: una profunda crisis

A todo este clima de represión, se le unen extorsiones por parte del gobierno de facto a empresas de obra pública (de la que depende una gran parte de la empleabilidad del país), que ha provocado dejar de contratar y la paralización de las obras, generando altas cifras de desempleo en el país ya en los últimos meses de 2019 –antes de la pandemia–.

También, en palabras de Sebastián Michel, “han paralizado la actividad financiera y la han distorsionado, lo que ha generado una contracción en las inversiones que ya tenía Bolivia”. Además, el conflicto ha paralizado también las exportaciones debido a la irregularidad en las salidas de los productos.

La pandemia como excusa para no convocar elecciones

La tradición política boliviana expresa que, cuando se destituye un presidente, el que queda de interino tiene como misión principal la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de duración de gobierno establecido entre 3 y 6 meses –así reflejado en la Constitución–, anunciándolo además en los primeros 5 días tras su proclamación.

Jeanine Áñez, sin embargo, “espera 3 meses para convocar [...], convocando la elección para mayo”. Además de esta irregularidad temporal, cuando en Bolivia se registran tan solo 5 contagiados por COVID-19 en mayo, el gobierno de facto decreta un confinamiento estricto y suspende las elecciones.

“Entramos en una cuarentena estricta para justificar la postergación de la elección”. “El sistema de salud para el 22 de mayo –fecha prevista para los comicios– no había colapsado, se daban condiciones para celebrar las elecciones”, sin embargo, “decretan una cuarentena rígida, detienen a gente que sale a la calle, quedamos proscritos”.

Ante este escenario, el MAS acepta postergar las elecciones hasta el 2 de agosto, pero el gobierno de facto saca un informe donde advierte que el pico de la curva de contagio llegará en plena campaña (primera quincena de julio) por lo que se prorrogarán hasta septiembre.

Sin embargo, un nuevo informe epidemiológico vuelve a asegurar que el momento más duro de la pandemia será en la primera quincena de septiembre, por lo que tampoco se celebrarán las elecciones en dicha fecha.

Una crisis humanitaria colosal

“Tras 4 meses de cuarentena, no se han logrado mejorar las capacidades para la gestión de la emergencia”, además, añade que “la crisis económica está fatal, en Bolivia tenemos experiencias de hambruna [...] pero la última vez que hemos tenido experiencia ha sido el año 85, cuando se dio la reubicación de la principal actividad económica que tenía Bolivia, cuando se implanta el neoliberalismo”.

“En los últimos 14 años, se había superado incluso la desnutrición, a menos del 7%, y habíamos reducido la pobreza extrema, que era del 60%, la habíamos reducido al 18%”. “Nos han llevado a una crisis extrema, no solamente una crisis política, una crisis económica, estamos en el umbral de una crisis humanitaria colosal”, asienta Sebastián Michel.

 

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