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El Ciudadano

Piñera rumbo a la Corte Penal Internacional: Entrevista al abogado querellante Mauricio Daza

En Chile han sucedido una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, producto de ello ha surgido una querella que busca llevar al presidente Sebastián Piñera a la CPI. Entrevistamos al abogado querellante Mauricio Daza, quien es patrocinado por el Senador Alejandro Navarro desde el momento que el parlamentario presidía la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo.

En nuestro país han ocurrido una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente en el periodo del “despertar social”, también llamado “estallido social”. Explosiones oculares , tortura, muertes, abusos sexuales y otra serie de abusos y duras violaciones que fueron constatadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, dossier de pruebas para llevar a Sebastián Piñera a la Corte Penal Internacional.

Para ahondar en el tema en Cable a Tierra, conducido por Bruno Sommer, se entrevistó al abogado querellante Mauricio Daza.

BS: Se habla en círculos del presidente que uno de los temas que más le preocupan a Piñera es el ser juzgado ante un tribunal internacional, a tu parecer crees que lo que le va quedando a Piñera es justamente cuidar su imagen en el exterior dado que su imagen ya está totalmente destruida en Chile. ¿Qué sabes al respecto?

MD: Efectivamente, uno puede concluir a partir de lo que ha sido el discurso oficial de autoridades de Gobierno que el tema vinculado con la persecución penal en contra de Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad es un asunto que preocupa y que está dentro de la definición, a lo menos del discurso público que se levanta por parte de su administración al momento de enfrentar temas relacionados precisamente con lo que ha sido el ataque a la población civil por parte de Carabineros de chile y fuerzas militares en el contexto del Estado de Emergencia que se decretó a partir del estallido social del año 2018.

La verdad es que esto tiene un fundamento, en general Piñera es una persona que ha estado involucrado en muchos procesos judiciales, relacionados más bien con ilícitos del ámbito económico, debemos recordar que él en algún momento estuvo procesado por estafa en lo que fue la famosa causa del Banco de Talca, y esto después se sumó a causas vinculadas a empresas en las cuales él tenía algún cargo de administración, imputaciones relacionadas con infracción a la libre competencia cuando estaba él en la administración o directorio de esta compañía, infracciones vinculadas a la vulneración a leyes de mercado de valores como uso de información privilegiada, entre otros.

Sin embargo, estamos ahora frente a una imputación que es muy distinta y que él no podrá desarticular de la manera como habitualmente lo hace el poder económico en un país como Chile, que es a partir del telefonazo, la red de influencias que se pueda tener por parte del propio imputado o de las personas que lo defienden, o del grupo empresarial o de carácter político en el cual él tenga algún liderazgo.

BS: ¿Cómo nace la idea de entablar esta querella, a quién estás patrocinando frente a ella y de qué manera crees que se configura porque la querella es por crímenes de lesa humanidad?

MD: Así es, es por crímenes de lesa humanidad.

BS: Entiendo que estos crímenes no prescriben. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudarían a configurar el ponerlo como crímenes de lesa humanidad?

MD: La verdad es que la idea surge a partir de la constatación de una realidad que se manifestó como evidente durante varios meses a partir del 18 de octubre del año 2018, donde las fuerzas policiales realizaron una represión que claramente configuraba no solamente delitos aislados en contra de la población civil, sino que concretaba un crimen de lesa humanidad, a nuestro juicio, ya que estamos frente a un ataque generalizado, sistemático cometido precisamente por las fuerzas policiales en contra de una población civil, y esto además en un contexto donde la autoridad política a sabiendas de esta circunstancias no ejecutó ninguna acción eficaz para detener esta represión, y en ese contexto nosotros observamos de que estamos frente a una situación que era mucho más grave que los atentados individuales, que había un verdadero patrón de conducta detrás de lo que estaba siendo la acción policial y que obviamente esto generaba una responsabilidad penal no solamente para el policía que estaba detrás del atentado concreto, la persona que disparó o que atacó en el lugar, no, esto involucraba una responsabilidad de mando al interior de Carabineros, pero por sobre todo una responsabilidad criminal para lo que es la autoridad civil.

Esto a partir de los parámetros que se establecieron en el Estatuto de Roma que finalmente lo que hace es establecer un marco de sanciones criminales para estos atentados que van más allá de la afectación de los derechos de las víctimas individuales sino que esto repudia la conciencia de la humanidad, y es eso finalmente lo que se tiene que hacer efectivo a través de una causa criminal.

BS: Tú entiendes cómo funciona la línea de mando dentro del Gobierno, cómo se ejecuta una orden, ¿por qué Piñera finalmente es el responsable de todos estos hechos?

MD: La verdad es que la constatación a partir de los horrores que han ocurrido en la historia de la humanidad en relación a lo que han sido las actuaciones de represión, no solamente de los Estados sino de grupos que en la práctica ejercen el poder en un determinado lugar, ha generado un conjunto de normas, las cuales se sintetizan de muy buena manera en el Estatuto de Roma, y lo que se pretende a través de estas normativas es impedir que haya impunidad, para esto esta normativa establece ciertos elementos que se hacen cargo de las defensas normales que los imputados levantan en relación a estos casos.

¿Qué es lo que se dice habitualmente por parte de la autoridad política? Se dice, mire sabe qué, la verdad es que no hay una orden directa, escrita emanada del presidente, o alguno de sus ministros, o del mando directo militar o de Carabineros, en este caso, en la cual se instruya que el personal policial ejecute acciones que atenten en contra de los derechos humanos de los manifestantes, en este caso. Por lo tanto, nosotros no tenemos responsabilidad.

Ésa es como una primera línea argumental que se ha esgrimido habitualmente por dictadores o grupos que abusan de los derechos humanos en un determinado territorio, la verdad que para enfrentar esto se ha establecido que existe una responsabilidad directa.

El Estatuto de Roma define una responsabilidad directa respecto de lo que es el mando civil, estableciendo entonces que son autores de este tipo de delitos, precisamente lo que es la autoridad civil, los jefes militares, o quienes actúen efectivamente como tales, y esto a partir de que hayan tenido conocimiento de que se estaban cometiendo estos atentados y no hubiesen realizado nada eficaz para poder impedirlo, eso es lo que genera la responsabilidad criminal.

Entonces, fíjate se considera que la situación de un presidente o de un ministro o de un jefe policial, que sabe que están cometiendo estos atentados, pero que no hacen nada eficaz, ojo es algo eficaz, no basta con hacer una declaración pública, un llamamiento general, no, es una actuación eficaz no un saludo a la bandera. Si es que no lo hace, él está en la misma posición que la persona que en el terreno dispara, que ataca, que genera la lesión, esto es una norma especial que está contenida en el Estatuto de Roma, y también está contenida en una ley que consagra estos delitos en nuestra legislación interna, la chilena, que es la Ley 20.357.

Entonces como te digo no es necesario que Piñera haya dictado una orden, emitido un decreto, mandado un correo electrónico, basta con que hubiese sabido y no hubiese hecho nada eficaz, no hubiese ejercido todo su poder para impedir que esto ocurriese, y a nuestro juicio es precisamente lo que ha sucedido.

BS: Es un poco innegable de que él no estuviese al tanto de lo que sucediera, él mismo hizo declaraciones tales como que ‘estamos en una guerra’, su ministro de Justicia, Larraín, dijo en su momento ‘se han producido situaciones que parecen ser violaciones a los derechos humanos’. No lo quería reconocer directamente, pero hay evidencia suficiente de que Piñera estaba al tanto, sus cadenas nacionales.

MD: Es que hay evidencia concreta acerca por lo menos de este punto, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con Piñera en innumerables oportunidades, se le entregaron informes mientras esta situación se estaba desarrollando, además él tuvo en conocimiento informes de organismos como HRW, Amnistía Internacional, hubo también una visita de representantes de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y todo esto estaba en conocimiento del Estado, o sea esto es un punto innegable, él sabía perfectamente que las fuerzas policiales estaban cometiendo estos abusos.

Entonces desde esa perspectiva la legislación vinculada a los crímenes de lesa humanidad castiga, asimila a la autoridad civil y al mando militar que estaba en posición de hacer algo para impedir que esto siguiera produciéndose y no lo hizo, lo asimila como autor directo.

Ahora, hay otros elementos, y la verdad es que ratifico lo que tú has señalado en cuanto a que todo indica que Gobierno y Piñera están preocupados sobre este tema. Y por qué lo señalo, porque normalmente cuando la autoridad hace referencia acerca de estos atentados cometidos en contra de la población civil por personal militar y policial en el contexto del estallido social, ellos insisten muchísimo de que se trata de hechos aislados o que no es un ataque sistemático.

 

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