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El Megáfono

El zorro y las gallinas

Como una gota malaya van cayendo pacientes, implacables, las sentencias que dejan en evidencia en todo el mundo la precariedad que esconde el brillo de las nuevas empresas digitales y plataformas tecnológicas. Mimadas, encumbradas y sobrevaloradas por la prensa económica neoliberal y sus mercenarios, son presentadas como adalides del progreso, la comodidad e incluso pásmense, de la libertad de elegir. Sin embargo, tribunales de todo el mundo están destapando con sentencias cosechadas gracias a la acción de los propios trabajadores, que no de los gobiernos, una realidad muy diferente. Así por ejemplo, El Tribunal Supremo ha estimado que los repartidores de Glovo no son autónomos sino trabajadores asalariados y que la compañía no es una mera intermediaria.

Con la pasividad, cuando no la complicidad de la Administración, estas empresas han estado durante años utilizando la gran falacia de la economía colaborativa para burlar cualquier legislación laboral y fiscal que mermara sus beneficios. Son empresas que acercan productos y servicios ya existentes a la palma de la mano mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes pero que no ofrecen ningún producto ni servicio nuevo por sí mismo y necesitan por tanto, invadir y parasitar mercados ya existentes, preferiblemente con alto grado de atomización que entorpezca una respuesta rápida de sus víctimas. Taxistas, repartidores, mensajeros, libreros, pequeños comercios, nadie está salvo de los depredadores digitales. Son empresas que no basan su modelo en ofrecer algo nuevo, sino en la precariedad de los trabajadores que prestan sus servicios, en la evasión de impuestos y en una atención al cliente inexistente. El resultado de la irrupción de estas empresas allá donde van no es otro que la producción de precariedad laboral, desigualdad y fraude fiscal. Su único mérito, si así puede llamarse, es el oportunismo de haber sabido aprovechar el momento oportuno para deslumbrar a incautos inversores.

Después de años de operar sin ningún control por parte de los poderes públicos españoles, salta la noticia de que el gobierno pretende fichar a Accenture para detectar falsos autónomos y fraude digital. No parece la empresa más indicada si tenemos en cuenta que su presidente, Juan Pedro Moreno, lleva años mostrándose como un acérrimo ultraliberal contrario a cualquier tipo de regulación de estas empresas e incluso a la imposición de tasas como la conocida “tasa google”. Sirvan de muestra algunas de sus declaraciones:

“el mundo anglosajón permite que todo lo que no está regulado se pueda hacer, por lo que fomentan la innovación no solo con dinero”

 “no hablo de trabajos precarios o de explotación, sino de una sociedad en movimiento. Los mejores jóvenes dicen que no quieren un contrato fijo, sino que quieren tiempo y más libertad”

en tecnología, datos o inteligencia artificial nadie te acepta un contrato fijo”

 “Accenture advierte que aplicar la 'Tasa Google' solo en España es darse un tiro en el pie”

 El responsable de este cuestionable fichaje de Accenture es el titular de la cartera del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señor José Luis Escrivá, quien ha provocado el justificado enfado del cuerpo de inspectores de trabajo, quienes consideran que la externalización de este servicio es incluso "ilegal", ya que "la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social es la que tiene las competencias en exclusiva en esta materia". Así han exigido este mismo lunes una reunión con el ministro Escrivá para que reconsidere tan lamentable decisión. La Administración Pública ya cuenta con una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude que ha utilizado el cruce masivo de datos y la inteligencia artificial en su lucha contra el fraude. Además, existe el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social como órgano de participación en la materia, con presencia de los agentes sociales.

La pandemia que sufrimos está demostrando con la sanidad como ejemplo más evidente, que privatizaciones y externalizaciones no mejoran ni el gasto ni la calidad de los servicios prestados y sólo benefician intereses privados que no sólo no coinciden con el interés general, sino que a menudo van en su contra. Accenture tiene además el vergonzoso honor de practicar una despreciable ética fiscal, fue fundada en las Bahamas y actualmente tiene su sede central en Irlanda, ambos países reconocidos paraísos fiscales. Externalizar y privatizar servicios públicos son recetas propias de saqueadores neoliberales de lo público que nunca esperarían votantes socialistas informados, y la adjudicación a Accenture de un cometido tan delicado y tan importante como vigilar el fraude fiscal de las empresas digitales y los derechos económicos de sus trabajadores es poner al zorro a cuidar de las gallinas. Es un grave error, una oportunidad perdida para dotar a la Administración de recursos propios y acometer su necesaria modernización y digitalización, de no ser que todo sea tan sólo una acción estética, al precio de más de seis millones de euros, perpetrada por un neoliberal con piel de cordero socialista, señor Escrivá.

 

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