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Política

Primera derrota de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición

Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, Pablo Iglesias ha conseguido una serie de medidas de calado que eran urgentes tanto en lo social como en lo sanitario. Sin embargo, este fin de semana se ha producido la primera derrota

U.H.-Durante las semanas previas a la declaración del estado de alarma el día 13 de marzo, frente a la negativa del PSOE de hacer uso del articulo 116 de la Constitución Española por miedo a paralizar la economía, los ministros y ministras de Unidas Podemos, expresaron al presidente la necesidad urgente de una respuesta contundente que permitiese al Gobierno de Coalición tomar el control ante el empeoramiento de la situación. Esta presión de los de Pablo Iglesias terminó en la declaración definitiva del estado de alarma el día 13 de marzo.

Una vez declarado este estado de alarma, el Consejo de Ministros se puso a trabajar en vistas a paliar tanto la situación sanitaria económica y social presente como sobre todo la futura. En el seno del Gobierno de Coalición no había consenso y algunos de sus miembros apostaban por medidas blandas. Sin embargo, los de Pablo Iglesias, con el precedente de la crisis del 2008 muy presente, no aceptaron la posición de partida y presionaron para que se aprobasen medidas urgentes de profundo calado económico y social. Así, medidas como la moratoria del pago de las hipotecas, la suspensión de los cortes de suministros o fórmulas de inyección directa de liquidez para las familias más afectadas aparecieron publicadas en el BOE tras duros debates en el seno del Consejo de Ministros. La oposición a estas medidas venía de la parte de Nadia Calviño y también de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, las dos ministras más presionadas por los poderes económicos.

Sin embargo, la presión de los ministros y ministras de Unidas Podemos dio sus frutos y finalmente, el 17 de marzo, el Gobierno de Coalición anunciaba la mayor movilización presupuestaria de la historia para hacer frente al coronavirus. Se ponían sobre la mesa 200.000 millones de euros para ayudar a pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias. En este primer paquete, se destinaban 600 millones de euros para servicios sociales, con especial énfasis en los mayores y en la dependencia. Además se incluía el corte de suministros esenciales (agua, luz y gas) y la moratoria de las hipotecas a las personas afectadas por el coronavirus. Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo lanzaba un paquete de medidas que incluía la facilitación de los ERTEs, la exoneración del pago de la cuota a los autónomos que se hubiesen visto afectados por la crisis y una prestación adyacente si habían visto mermada su capacidad adquisitiva por debajo del 75%. Además, se permitía a los y las trabajadoras que se hubiesen quedado sin trabajo cobrar su prestación sin que ello computase en su prestación futura. Se aprobó también una línea de crédito de 100.000 millones de euros para las empresas que lo necesitasen.

Sin embargo, esta situación no era para los ministros y ministras de Unidas Podemos un punto de llegada, sino un punto de partida. Aunque había quien dentro del Consejo de Ministros consideraba que ya se habían tomado medidas más que suficientes, el sector de Unidas Podemos consideraban que todavía había que hacer mucho más.

Frente al sector representado por Nadia Calviño, los de Pablo Iglesias estaban convencidos de que era fundamental garantizar ayudas para los alquileres y los inquilinos, un sector mayoritario en nuestra sociedad y muy afectado por la crisis. Aquí también hubo enormes reticencias y muchas horas de debate en el seno del Consejo de Ministros hasta que, finalmente, la balanza se inclinó del lado de los de Pablo Iglesias y el martes 31 de marzo, tras varios rifirrafes en el seno del Gobierno de coalición, el PSOE cedió y el Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de medidas que incluía la suspensión de los desahucios y un paquete de medidas en materia de alquiler que afectaría a más de 500.000 personas en España.

En el paquete aprobado se incluía la suspensión de los desahucios, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis para aquellos más afectados por la crisis del coronavirus y que no pudiesen pagar el alquiler.

La discusión sigue abierta y hay todavía compromisos pendientes. Se trata, por ejemplo, de un ingreso mínimo vital puente que se pueda poner en marcha de forma inmediata para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Frente a la vicepresidencia que encabeza Pablo Iglesias, que considera que no se puede esperar, se encuentra el ministro Escrivá y la ministra de Hacienda, que quieren retrasarlo hasta después de verano o final de año. Un trabajador social contaba a este diario que “mientras algunos políticos piensan que pueden estar con la calculadora hasta después de verano para dejar una ley bonita, hay familias que ahora no pueden comprar carne para sus hijos“.

A pesar del apoyo de sindicatos y agentes sociales a este ingreso mínimo vital puente, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha rechazado llevar a cabo esta medida. Unidas Podemos defiende con uñas y dientes la necesidad de esta medida, pero no está claro a favor de quién se inclinará la balanza en esta ocasión. A Pedro Sánchez le está empezando a pesar la presión de la CEOE, más insistente a la que van avanzando la semana, y de los medios de comunicación, que están haciendo el juego a una oposición irresponsable, que busca romper el Gobierno de coalición.

Sobre el Ingreso mínimo vital puente aun queda mucho que luchar dentro del Consejo de Ministros. Sin embargo, desde hoy lunes ya es una realidad el fin del permiso retribuido y la vuelta de los trabajadores no esenciales a sus puestos de trabajo, tal y como quería Nadia Calviño y en contra del criterio de los morados que consideraban que la decisión era precipitada y que hacía falta mayor cautela y atender al riesgo de repunte que indicaban los expertos. Esta ha sido la primera batalla que no han ganado los de Pablo Iglesias en el seno del Consejo de Ministros. Finalmente, como todos sabemos, se decidió poner el criterio económico por encima del sanitario.

 

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