El gobierno de coalición ha pasado a la acción después de que el Partido Popular se negase a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A pesar de los numerosos intentos de negociación, Pablo Casado se mantiene firme en su negativa a dejar entrar a la formación morada. Por su lado, los socios de investidura consideran que la formación de Casado está politizando el Consejo e incluso han tildado el bloqueo de “secuestro” del organismo por parte del Partido Popular.
Ante la falta de acuerdo, PSOE y Unidas Podemos han decidido actuar y han dado un paso más en su iniciativa por limitar el poder del CGPJ ante la imposibilidad de renovar la cúpula judicial, cuyo mandato lleva caducado dos años. Con esta reforma legislativa, los socios de gobierno proponen añadir en la Ley del Poder Judicial dos artículos para que los jueces no puedan realizar nombramientos una vez expirado su mandato. De esta forma, su poder quedaría limitado hasta la renovación del organismo, algo que también serviría para presionar a Casado y llevarle a desbloquear la situación.
Con sus votos en la Mesa del Congreso, socialistas y morados han aprobado la tramitación de dicha proposición por la vía de urgencia ante la necesidad restringir el poder de los miembros del Consejo que han excedido durante dos años el periodo constitucional de 5 años de mandato. Ahora, los grupos contrarios a la reforma disponen de un plazo de 8 días hábiles para intentar frenar la reforma a través de la presentación de enmiendas.
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