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Opinión

¿Qué tal andan de trabajo los del vicariato castrense?

Hace unos días falleció en Madrid el arzobispo titular del ejército español, más conocido como vicario general castrense. Se llamaba Juan del Río Martín, había nacido en Ayamonte (Huelva) y es de esperar que descanse en paz. Según la información que publicó el diario El País, al tal prelado se le consideraba la sonrisa de la obispalía, habitualmente circunspecta y estridente.

Se dice del fallecido que era “afirmativo en un colectivo instalado en el no, y se mostraba partidario de la moderación en los frecuentes combates de la jerarquía eclesiástica con el poder político. “¿Por qué perder el tiempo quejándose de la noche mientras nos espera la luz del día? ¡Todos los problemas de la vida tienen su amanecer!”, escribió el risueño monseñor en Twitter el pasado 2 de diciembre.

Lo que no leemos en el citado periódico es que el señor vicario rondaba unos haberes anuales de 60.000 euros y un presupuesto de cuatro millones para su negociado, compuesto por casi un centenar de clérigos, contratados como capellanes y distribuidos de esta guisa: el ya mencionado vicario general, con rango de general, nombrado a propuesta del rey; cinco vicarios episcopales (incluido el vicario general); tres vicarías en el Ejército de Tierra; tres en la Armada y uno en el Ejército del Aire, y 84 capellanes en el llamado Cuerpo Eclesiástico y Servicio de Asistencia Religiosa.

Los capellanes castrenses tienen la consideración de oficial, con los emolumentos propios del estamento. Los capellanes permanentes con más de 25 años de servicios tienen el empleo de coronel; si llevan 15 años, se les considera teniente coronel, y el resto son comandantes. Los capellanes de carácter temporal tienen el grado de capitán.

Después de ser suprimido en tiempos de la segunda República el llamado Servicio Religioso Castrense, durante la guerra fue habilitado en su zona por los militares sublevados, a fin de prestar auxilio espiritual a quienes fueron ejecutados y permanecen aún en su mayoría en fosas y cunetas. A término del conflicto ese servicio fue reorganizado, al tiempo que la Ley de Responsabilidades Políticas requería de los curas párrocos puntuales informes para la delación de los vencidos.

Han pasado más de cuarenta años desde que tenemos una Constitución en cuyo artículo 16, 3 establece el principio de aconfesionalidad del Estado, pero el convenio suscrito sobre la jurisdicción castrense y asistencia a la Fuerza Armadas, firmado en 1950, fue ratificado y firmado el 15 de diciembre de 1979 en El Vaticano.

La subsistencia del vicariato castrense a cargo del presupuesto público es de hacer constar en una etapa en que la sanidad pública nos defiende, extenuada y herida por la precariedad laboral y asistencial, de una pandemia que no deja de contar miles de muertos desde hace un año, con la mitad de las víctimas al menos en residencias de ancianos convertidas en indignantes negocios usurarios.

No nos preguntemos por qué los vicarios y capellanes castrenses son más necesarios que contratar con menor precariedad más personal sanitario y disponer de más plazas en los hospitales públicos. Durante la pulquérrima Transición y hasta nuestros días nadie se atrevió a tocar los privilegios adquiridos por la iglesia católica durante la dictadura. “Ganaron una guerra hace ochenta años y de ahí no los baja ni el hijo de Dios, que fue ejecutado por un pretor y un sumo sacerdote”, apunta mi estimado profesor David Rivas.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. Ángel S.B.

    7 de febrero de 2021 17:56 at 17:56

    Amén, y a esto le llaman democracia…..y sacrosanta transición????Apaga y vámonos!!!!

    Salud y lll Republica Federal o Confederal Laica!!!

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