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Política

Ratificada la condena por el asesinato de Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles en El Salvador en 1989

El Supremo condena a 133 años de cárcel al excoronel Montano y deja claro que el Alto Mando utilizó el aparato del Estado salvadoreño “para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado”.

Ratificada la condena por el asesinato de Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles en El Salvador en 1989
En primer término, el excoronel Montano; detrás, los rostros de sus víctimas Ignacio Ellacuría, Amando López, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López, Julia Elba Ramos y Celina Meredith Ramos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de septiembre condenó al salvadoreño Inocente Orlando Montano, excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, a 133 años de cárcel por el asesinato “de carácter terrorista” de Ignacio Ellacuría –uno de los principales ideólogos y líderes de la Teología de la Liberación– y otros cuatro jesuitas del Estado español en un “crimen de Estado” registrado el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y en el que también perdieron la vida otro jesuita, en este caso salvadoreño, y una cocinera y su hija. Y es que el Supremo deja claro que en ese caso “se utiliza por el Alto Mando el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado, cuando lo que se perpetró es un auténtico asesinato con modalidad amparada en el ‘terrorismo de Estado’ para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo ‘crímenes de Estado’ que conceptualmente no se diferencia del terrorismo realizado por grupos organizados”.

El alto tribunal considera probado que Montano y el resto de miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador, como “núcleo decisor colegiado” y ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) –que amenazaba su poder–, decidió y dio la orden de matar a Ellacuría –“la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba, desarrollaba e intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, a través del diálogo y la negociación”– y de hacerlo sin dejar testigos vivos de ello. Así, perdieron la vida ocho personas: Ignacio Ellacuría (Bizkaia, 1930), Amando López (Burgos, 1936), Ignacio Martín-Baró (Valladolid, 1942), Segundo Montes (Valladolid, 1933), Juan Ramón Moreno (Nafarroa, 1933), Joaquín López (Chalchuapa, El Salvador; 1918), Julia Elba Ramos (Santiago de María, El Salvador; 1947) y Celina Meredith Ramos (Jayaque, El Salvador; 1976).

El Tribunal Supremo recuerda que Montano, de quien dependían las fuerzas policiales, participó en la decisión de ordenar al director de la Escuela Militar, coronel Guillermo Benavides, acudir de madrugada a la Residencia de la UCA (Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’), donde vivían las víctimas, para “proceder contra ellas” y destaca que los hechos probados componen un auténtico “relato de terror”. Según el alto tribunal, la orden fue “ejecutar tanto a Ignacio Ellacuría como a quienes se encontrasen en el lugar, sin importar de quiénes se tratase, a fin de que no hubiera testigos de los hechos” y se emitió “dotando al citado coronel de un comando compuesto por unos cuarenta soldados, pertenecientes a un batallón de élite de las Fuerzas Armadas, entrenados por el Ejército de los Estados Unidos de América, fuertemente armados y equipados, sin que las víctimas tuviesen ninguna capacidad de defensa, pues se encontraban durmiendo, fueron llevadas a un patio y allí, tras ordenarles ponerse tumbadas boca abajo, se les descerrajaron disparos de fusiles de asalto AK-47 y M-16, en la cabeza”.

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