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Economía

Rosaura, Celia y Ana: confinadas en la exclusión social a la espera del ingreso mínimo vital

Un millón de hogares sin recursos podrá solicitar, a partir de mayo, la renta impulsada por la Vicepresencia de Pablo Iglesias

U.H.- Rosaura, de 34 años, lleva recluida en su casa del barrio sevillano de San Jerónimo desde que el 14 de marzo se decretara el estado de alarma por el Gobierno de España. Cuando el silbato del encierro obligatorio sonó, en su monedero solo había 20 euros que había ganado limpiando unas escaleras. El confinamiento no solamente la recluyó en casa con su novio, también le vació la nevera y la dejó sin medios para comprar productos básicos de alimentación, limpieza e higiene personal y, lo peor, sin posibilidad de conseguir ingresos en la economía informal.

Desde que hace tres años se muriese el anciano al que Rosaura cuidaba, no ha vuelto a encontrar empleo como auxiliar de geriatría. La única salida, cuando se vio con el agua al cuello, fue llenar el barrio de carteles: “Chica joven, trabajadora, responsable y con plena disponibilidad se ofrece a limpiar casas, locales y oficinas”. Insertó el anuncio en páginas web e imprimió cientos de carteles con los que llenó los semáforos y farolas de Sevilla.

Así ha estado tirando los últimos dos años, sin estar dada de alta en la Seguridad Social. “Con suerte, a veces me han llamado para limpiar locales en profundidad, me he tirado una semana y he ganado 300 euros de golpe”, relata junto a su novio, que ha trabajado de mecánico o recolectando naranjas en el Valle del Guadalquivir y, como ella, desea que suene el teléfono y sea una oferta de empleo.

El confinamiento se está haciendo muy largo para Rosaura y su pareja, hasta el punto de que se vieron obligados a poner un anuncio en redes sociales pidiendo alimentos porque la nevera mordía. La solidaridad popular hizo lo suyo y hasta su despensa han llegado frutas, verduras, legumbres, dinero en efectivo, una bombona, fiambreras llenas de guisos y consejos de la Red de Apoyo Mutuo de Sevilla, voluntarios organizados para asesorar a personas en situación de exclusión por el coronavirus, para tener acceso a los recursos facilitados por el Ayuntamiento.

A propuesta de Adelante Sevilla, la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida en el Consistorio de la capital hispalense, el Gobierno liderado por el alcalde socialista Juan Espadas ha aumentado en un millón de euros la partida presupuestaria dedicada a ayudas de emergencia y así poder dar respuesta a la emergencia social provocada por la crisis sanitaria en forma de bonos canjeables en supermercados de la capital andaluza.

Rosaura ha recibido esta semana un cheque por valor de 60 euros que ha canjeado por productos de limpieza: “Además de comer, las personas también necesitamos asearnos y limpiar nuestras casas”, recuerda esta joven andaluza que está atenta a las noticias por si se aprueba el ingreso mínimo vital y con ello puede dejar de procesionar por conventos, oenegés e instituciones para conseguir lo imprescindible.

28% de pobreza infantil

En situación similar se encuentra Celia, vecina del municipio sevillano de Bormujos, quien trabajaba limpiando casas hasta el confinamiento, pero sus jefes le dijeron que no fuera más y le han dejado de ingresar el dinero con el que iba sacando en soledad a su hijo, que forma parte de los 2,1 millones de niños y niñas, 28% de la población infantil española, que vive en situación de pobreza, según Save The Children.

Celia cría en soledad a su niño y, como nueve de cada diez familias monoparentales, no podía afrontar gastos imprevistos antes de la crisis. Ahora, simplemente dar de comer a su hijo de nueve años es una carrera de obstáculos que sortea acudiendo a casa de su madre a por comida, con la ayuda de alguna vecina y con un bono de alimentación de 120 euros que le han dado en los servicios sociales de su pueblo. “Con 120 euros en 40 días ya te digo yo que no le doy de comer a mi niño”, se queja la sevillana que, a sus 44 años, ha trabajado la mayor parte de su vida en el servicio doméstico, aunque sin dar de alta y sin derechos.

En el Distrito Norte de Granada vive Ana con sus tres hijos, dos de ellos menores, y su marido. Llevan más de un mes confinados en la exclusión social. El único ingreso que entra en este hogar granadino son los 390 euros de una pensión no contributiva del hijo mayor de Ana por una enfermedad mental que sufre. “Dile al alcalde de Granada que divida 400 euros entre cinco personas y haz cuentas para todo un mes. Paga luz, agua, comida, vestido, calzado y arregla la lavadora si se te rompe”, explica, para tratar de hacer entender la situación crítica que atraviesa desde que hace cinco años, tanto ella como su marido, perdieran los empleos que sacaban adelante la casa.

La vergüenza de pedir

Ana admite que le da vergüenza acudir a los servicios sociales y que se busca la vida como puede cuando su marido no hace un “chapú”, que es la forma que en Andalucía se tiene de llamar a las chapuzas que se hacen en la economía informal para “ir tirando”. Elisa Cabrerizo, concejala de Podemos-IU, lamenta la “respuesta insuficiente” que el Ayuntamiento de Granada, gobernado por Ciudadanos y PP, está dando a la emergencia social y advierte de que “los servicios sociales municipales tendrán que ser reforzados de cara a la crisis económica y social tan brutal que se nos avecina o se quedarán muchas personas por el camino”.

Cabrerizo desea que el Gobierno de España apruebe lo antes posible el ingreso mínimo vital para socorrer al millón de hogares sin ingresos, “que serán muchos más cuando la crisis económica y social se haga presente”, pronostica la edil. “No es digno ni eficiente económica y administrativamente tener a millones de personas mendigando por oenegés e instituciones cuando es posible resolver la urgencia con una renta mínima vinculada a la unidad familiar y a su número de miembros”, afirma la concejala granadina, quien recuerda que el dinero que reciban las familias del Estado irá a la frutería, la pescadería, la carnicería y recaerá de nuevo en las arcas públicas a través del IVA.

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