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Política

Se hace justicia: el Estado reconoce su responsabilidad en la muerte de Samba Martine

La muerte de la mujer puso en el ojo de mira a los Centros de Internamiento de Extranjeros y se convirtió en un símbolo de la desprotección que sufren las personas migrantes en España

Se hace justicia: el Estado reconoce su responsabilidad en la muerte de Samba Martine

Samba Martine llegó a España desde la República Democrática del Congo en busca de un futuro que no encontró. Tras tres meses retenida en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, fue trasladada al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) situado en Aluche, Madrid. Allí, la convirtieron en un número, el 3106, y comenzaron a tramitar su expulsión del país.

Los CIEs son de sobra conocidos por sus pésimas condiciones y trato hacia las personas migrantes. Samba Martine permaneció un mes en aquel centro y acudió un total de diez veces al servicio médico. Era portadora de VIH, pero lo único que recibió fueron analgésicos y ansiolíticos para calmar el dolor. La falta de un tratamiento adecuado fue lo que provocó que la infección, derivada del VIH, avanzase hasta ser letal. El 19 de diciembre de 2011, Samba murió en el Hospital 12 de Octubre.

La familia inició una investigación, pero la causa fue archivada. En 2014, un recurso presentado por la acusación popular y la familia de la víctima hizo que se reabriese la causa. Ahora, nueve años más tarde, el Ministerio de la Presidencia ha concluido que hubo una ‘deficiente actuación’ debido a la falta de coordinación entre los centros. De esta manera, se ha admitido la responsabilidad de la Administración. Y es que, cuando una persona entra en un CIE, se le priva de libertad y es el Estado quien automáticamente se convierte en garante de su vida, salud e integridad. Algo que no ocurrió en el caso de Samba.

Cabe destacar que en el banquillo de los acusados tan solo se sentó uno de los médicos que atendió a Samba, ya que los otros dos imputados no fueron encontrados en España. La familia será indemnizada de una cantidad de la que se hará cargo el Ministerio de Interior al tratarse de un servicio de su competencia. De esta forma, sus familiares podrán al fin cerrar el capítulo y quedar en paz tras reconocerse que Samba fue una víctima del sistema.

 

EL SIGNIFICADO DE LA RESOLUCIÓN

El caso de Samba se convirtió en un ejemplo de la desprotección que predomina en los CIEs. Cristina Manzanedo, abogada de la familia y portavoz de las entidades que han apoyado el caso, ha asegurado que este reconocimiento supone una reparación moral muy importante. ‘’También hay que destacar el valor preventivo de la resolución. Esperamos que lleve a una reflexión más profunda sobre el modelo de los Centros de Internamiento en España’’, ha señalado la abogada.

Además, Manzanedo ha querido destacar que esto supone una doble victoria: ‘’Ha sido muy importante para las entidades de Sociedad civil que hemos sostenido el proceso durante nueve años. Esta resolución demuestra que la Sociedad civil puede cambiar las cosas’’. La abogada ha puesto como ejemplo la situación migratoria que se vive en Canarias para recordar que, aunque es legítimo que el Estado gestione el control migratorio, este debe conciliarse siempre con el respeto a los derechos y las libertades de las personas. Y es que el de Samba ha sido un caso que ha conseguido visibilidad, pero Manzanedo ha querido dejar una última reflexión: ‘’Preguntémonos cuántas Sambas invisibles han pasado por los CIEs’’.

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