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Política

Si el recurso de Podemos no prospera, cualquier abogado podrá chantajear a sus clientes

La defensa del partido insiste en que la documentación aportada por Calvente “carece de todo tipo de relevancia penal” pero “contiene datos de carácter personal”, a pesar de sus “diversas obligaciones de confidencialidad y sigilo”

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La defensa de Podemos presentó el pasado 6 de agosto en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, para que lo elevara a la Audiencia Provincial, un recurso de apelación contra el auto del juez Juan José Escalonilla que posiciona como investigados a Podemos como persona jurídica y a cuatro dirigentes del partido, pidiendo la nulidad de la causa “por no constar en el expediente la grabación íntegra de la declaración del denunciante” –que a la defensa se le había denegado por una supuesta desaparición pero que finalmente acabó apareciendo, curiosamente tras reclamarla la acusación popular, ejercida por el partido ultraderechista Vox– y “por estar iniciada con documentación ilícitamente obtenida con vulneración de derechos fundamentales”. Subsidiariamente, la defensa pedía el archivo de la causa “por no apreciarse ‘prima facie’ indicio alguno de hecho delictivo”, y es que del contenido de la declaración del demandante, el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, se desprende que sus acusaciones contra el partido son mera “rumorología”. En cualquier caso, conviene detenerse en la parte en que la defensa pide la nulidad de la causa “por estar iniciada con documentación ilícitamente obtenida con vulneración de derechos fundamentales”, pues si esta parte del recurso de apelación no prospera, en adelante cualquier abogado podría chantajear a su cliente.

La defensa de Podemos destaca que el secreto profesional “se articula como garantía esencial del proceso y, en definitiva, como protección del derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva”, establecido por el artículo 24 de la Constitución española. Por ello, “cuando, como en el presente caso, partimos de un indudable e injustificado quebranto del deber de confidencialidad” ligado al puesto de Calvente, “de no acordarse la nulidad del proceso, se estaría autorizando la desigualdad de las partes en el mismo, y en definitiva el derecho a un proceso con todas las garantías”, añade. Y es que el denunciante no es “un particular cualquiera” sino “la persona en quien convergían las funciones de asesoramiento, supervisión legal, defensa letrada y responsabilidad en la protección de datos y la información del partido”, recayendo sobre él “diversas obligaciones de confidencialidad y sigilo”. Sin embargo, el propio Calvente ha reconocido en su denuncia que su objetivo fue “obtener, desde mi cargo, el mayor número de indicios y pruebas para esclarecer cualquier actividad contraria a la ley, a los fines del partido y a la reputación del mismo” y ahora es “que dichas investigaciones puedan continuar”.

Así, la defensa destaca que a la vista tanto de la denuncia de Calvente como de su declaración ante el juez, “resulta obvio que la documental aportada fue obtenida en el ejercicio de sus múltiples cargos y funciones en Podemos”, en todas las cuales “le era de aplicación el deber de sigilo y confidencialidad anejo a su cargo”. Y es que el artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 32 del Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española establecen que “los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”; el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española, que “la confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente, ínsita en el derecho de éste a su defensa e intimidad y a no declarar en su contra, impone a quien ejerce la Abogacía la obligación de guardar secreto respecto de los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, limitándose el uso de la información recibida del cliente a las necesidades de su defensa y asesoramiento o consejo jurídico”; el artículo 13 del Código Internacional de Deontología Forense, que “un abogado no debe revelar nunca lo que se ha comunicado confidencialmente como tal abogado, ni siquiera después de haber terminado de asesorar a su cliente”; el artículo 38 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que “el delegado de protección de datos estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros”…

Precisamente al artículo 32 del Estatuto General de la Abogacía Española se ha referido este viernes en su perfil de Twitter el abogado y profesor de Derecho procesal penal Gonzalo Boye, que ha ironizado con que “parece que alguno se ha olvidado” de lo establecido en dicho artículo.

Incluso el Código Penal español establece, en su artículo 199, que “el que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses” y que “el profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años” o, en su artículo 467, que “el abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años”.

Al hilo de este caso, precisamente al artículo 199 del Código Penal ha hecho referencia este viernes en su perfil de Twitter la magistrada Victoria Rosell, que fue víctima de una campaña mediática y judicial hasta que una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias demostró el pasado año 2019 que el juez Salvador Alba manipuló diversa información para fabricar un informe que el dirigente del PP José Manuel Soria utilizó después contra ella. “Para los del fango: en nuestro Estado de derecho, el deber esencial de secreto profesional del abogado tiene pocas excepciones: blanqueo, información fiscal, defensa propia. Acusar incumpliendo esa norma es ilícito (civil, penal, disciplinario) y además carece de valor probatorio”, ha advertido Rosell, que se suma así a otros magistrados, como Ignacio González Vega, que este jueves se hacía viral en las redes sociales al poner en evidencia, en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta, las irregularidades en la causa contra Podemos.

Aunque la defensa de Podemos insiste en que la documentación aportada por Calvente “carece de todo tipo de relevancia penal”, destaca que “contiene datos de carácter personal” que afectan a la intimidad no sólo “de la persona jurídica” sino también “de los miembros que la componen y de otras personas ajenas a la organización, de los cuales ha tenido conocimiento el denunciante en el ejercicio de su cargo”. “Datos reservados de carácter personal o familiar que se hallan registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o los ha obtenido en el ejercicio de su función de asesoramiento de la entidad para la que prestaba sus servicios profesionales, de sus miembros y de terceras personas, de los que no consta que haya recibido autorización alguna de ninguno de ellos”, apunta. Y en este sentido destaca que Calvente ha aportado liquidaciones de gastos con números de DNI, nombres completos, números de teléfono, direcciones de email o números de cuentas bancarias presentes; nóminas con números de DNI, nombres completos y números de afiliación a la Seguridad Social presentes en; borradores de contratos con números de DNI, nombres completos, direcciones, números de teléfono, direcciones de email, números de cuentas bancarias o números de identificación en el extranjero… Todos ellos, datos personales, según el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que establece que datos personales son “toda información sobre una persona física identificada o identificable” y persona física identificable es “toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.

La defensa recuerda asimismo que el hecho de que el partido contratara a Calvente no como autónomo sino como trabajador por cuenta ajena no altera “ni su prerrogativa ni su obligación de guardar secreto profesional”, pues el artículo 27 del Estatuto General de la Abogacía Española establece que la abogacía “también podrá ejercerse por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito y en el que habrá de respetarse la libertad e independencia básicas para el ejercicio de la profesión”.

Actualmente, Calvente está reclamando a Podemos que le pague 400.000 euros por su despido sin especificar por qué exige una cantidad tan elevada cuando este rango económico únicamente se reclama en determinados casos de accidentes laborales en los que se incluye fallecimiento y negligencias graves o culposas, han destacado fuentes jurídicas. A partir de ahora, si el recurso del partido no prosperara, cualquier abogado que pueda ser despedido podría reclamar a su cliente cantidades exorbitadas amenazándolo con revelar información del caso o los casos en que haya trabajado, generándose no sólo el quebranto de la relación de confianza entre el abogado y su representado, sino también potenciales situaciones de “chantaje” por parte del profesional al pretender finalizar la relación laboral su cliente.

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