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Política

“Si la justicia hace política, entonces nos quedamos sin democracia”

El sorprendente caso abierto contra Podemos por el juez Juan José Escalonilla ha saltado todas las alertas, y existe una gran preocupación en sectores de jueces, fiscales y abogados.

“El Estado de Derecho se tambalea cuando incluso los jueces nos intentan convencer de que es bueno investigar cualquier cosa porque si uno es inocente no tiene nada que temer. Malo cuando un vocal del CGPJ afirma que si se critica a un juez es porque se tiene miedo al procedimiento que ha puesto en marcha y se parece culpable. Tremendo cuando consideran que criticar una acción de un juez concreto es atacar al Poder Judicial” escribía Elisa Beni esta semana.

“Si voy a la fiscalía y le digo que he oído rumores de que Juan Carlos I ha robado, ni lo miran” denunciaba Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, en una entrevista en ‘El Salto’.

El ex abogado de Podemos, Calvente, inició una denuncia contra Podemos sin pruebas, con información robada al partido y a la que había accedido gracias a su posición, y rompiendo el secreto profesional entre cliente y abogado. “Si la justicia hace política, entonces nos quedamos sin democracia” denuncia un jurista consultado por este medio.

Al hilo de este caso, precisamente al artículo 199 del Código Penal ha hecho referencia en su perfil de Twitter la magistrada Victoria Rosell, que fue víctima de una campaña mediática y judicial. “Para los del fango: en nuestro Estado de derecho, el deber esencial de secreto profesional del abogado tiene pocas excepciones: blanqueo, información fiscal, defensa propia. Acusar incumpliendo esa norma es ilícito (civil, penal, disciplinario) y además carece de valor probatorio”, advirtió Rosell.

El secreto profesional “se articula como garantía esencial del proceso y, en definitiva, como protección del derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva”, establecido por el artículo 24 de la Constitución española. Por ello, “cuando, como en el presente caso, partimos de un indudable e injustificado quebranto del deber de confidencialidad” ligado al puesto de Calvente, “de no acordarse la nulidad del proceso, se estaría autorizando la desigualdad de las partes en el mismo, y en definitiva el derecho a un proceso con todas las garantías”, añade.

Oros magistrados, como Ignacio González Vega, también puso en evidencia, en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta, las irregularidades en la causa contra Podemos.

Actualmente, Calvente está reclamando a Podemos que le pague 400.000 euros por su despido sin especificar por qué exige una cantidad tan elevada cuando este rango económico únicamente se reclama en determinados casos de accidentes laborales en los que se incluye fallecimiento y negligencias graves o culposas, han destacado fuentes jurídicas.

A partir de ahora si el recurso de Podemos no prosperara, cualquier abogado que sea despedido podrá chantajear a sus clientes. Podrá reclamar a su cliente cantidades exorbitadas amenazándolo con revelar información del caso o los casos en que haya trabajado, generándose no sólo el quebranto de la relación de confianza entre el abogado y su representado, sino también potenciales situaciones de “chantaje” por parte del profesional al pretender finalizar la relación laboral su cliente.

La democracia se la juega en Septiembre.

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