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Opinión

“Si no lo hacen los gobiernos, debemos hacerlo los pueblos”

“Si no lo hacen los gobiernos, debemos hacerlo los pueblos”

“El golpe cívico-militar perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los acontecimientos internacionales más luctuosos de América Latina en los últimos años. Representa un retroceso brutal en el camino que venía transitando Sudamérica para consolidar los sistemas democráticos de la región, dirimir en paz y autodeterminación los conflictos políticos y sociales, y construir procesos que tiendan a combatir la pobreza y la desigualdad social”. Así comienza el Informe sobre las violaciones a los derechos humanos, sociales, políticos y culturales perpetradas por la dictadura encabezada por Yanine Añez, denunciadas ante la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano a fines de noviembre de 2019.

El golpe de Estado perpetrado el pasado 10 de noviembre contra el legítimo gobierno encabezado por Evo Morales es otro jalón de la ofensiva de las derechas antipopulares, racistas, proimperialistas contra gobiernos populares en el Cono Sur que procura la recolonización neoliberal de América Latina. El golpe militar contra Zelaya en Honduras; la destitución “parlamentaria” de Lugo en Paraguay; el golpe articulado entre empresas de comunicación y los poderes Judicial y Legislativo que destituyó a Dilma Rousseff, la persecución y proscripción de Lula, que habilitó el triunfo electoral de Bolsonaro en Brasil; la persecución al ex presidente Rafael Correa de Ecuador, se suman al permanente acoso a Cuba y Venezuela.

El informe citado inscribe esta ofensiva en una estrategia continental de Estados Unidos que, sostiene, “intenta por diversos medios, mantener el dominio de territorios y zonas claves para sostener su poder. En esa carrera, la administración Trump ha retomado con fuerza su presencia al sur del Río Bravo con actitudes injerencistas y mayor rigurosidad y presencia diplomática, militar, comercial, mediática y cultural en la zona. En este marco debe entenderse que Bolivia es una pieza geo-estratégica clave en la región, tanto por su posición geográfica central en Sudamérica como por sus bienes comunes naturales, especialmente el litio”.

Varios gobiernos de la región –como el encabezado por Macri en ese momento– se declararon “prescindentes” o directamente apañaron el quiebre del orden democrático en Bolivia; hasta a negar el uso del espacio aéreo para que Evo Morales –forzado a renunciar por los golpistas– pudiera salir al exilio. Muchos eludieron llamar dictadura a la dictadura. La Unión Europea habló de la necesidad de hacer “nuevas y creíbles elecciones”, desconociendo la legitimidad de las ya realizadas; se sumó así a la fraudulenta maniobra orquestada por Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La violencia criminal contra la población que en las semanas previas al golpe ya venían ejerciendo grupos paramilitares como la Unión de Juventudes Cruceñistas, ya instalada la dictadura civil-militar-policial se transformó en una herramienta sistemática y continua en manos de las fuerzas armadas y de las policías. Las evidentes y masivas violaciones a los derechos humanos llevaron a organizaciones sociales y políticas y organismos de derechos humanos de Argentina a solidarizarse con el pueblo boliviano y viajar para recibir las denuncias que dejan en claro quiénes constituyen el blanco de la política de aniquilamiento dictatorial: dirigentes sociales, indígenas, campesinos, militantes del Movimiento al Socialismo; aquellos que ocuparon algún cargo durante el gobierno de Evo Morales. En síntesis: acabar con la concepción de estado plurinacional; suprimir material y simbólicamente todo aquello que desafíe al “supremacismo blanco en versión criollo-mestiza” oponiendo “la biblia evangélica frente al paganismo satánico de la Pachamama”. Se trata de “mandar a los indios, incluida la quema de la wiphala, a que vuelvan a sus rincones de invisibilidad”, como certeramente resumió Boaventura de Sousa Santos.

“Si no lo hacen los gobiernos, lo haremos los pueblos”, manifestó la delegación multisectorial que viajó en noviembre, y con ese compromiso hubo y hay otras iniciativas. En marzo pasado la Delegación Plurinacional de feministas de organizaciones bolivianas y argentinas recopiló denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres y a los derechos de los pueblos. Violaciones que revelan el carácter “fascista, racista, patriarcal, policial, militar, religioso” del golpe al pueblo, “que fue planificado sistemáticamente antes de las elecciones, financiando a grupos paramilitares que generaron terror en la población”, afirman las feministas sobre este régimen, uno de cuyos objetivos es “destruir la organización social y política, y específicamente acabar con el rol político de las mujeres en el proceso de despatriarcalización”. La especial violencia dirigida contra mujeres de pollera, aymaras y quechuas, autoridades y dirigentas del MAS ilustra la arista patriarcal de la dictadura.

Decenas de asesinatos, torturas, persecuciones, desapariciones

En forma oficial y a través de sus agentes “extraoficiales”, la dictadura hostigó a las delegaciones, intentó impedir sus actividades, y obturó vía amedrentamiento y amenazas la transmisión de centenares de denuncias. Pese a ello, los informes dan cuenta de decenas de asesinatos, torturas, persecuciones, desapariciones, de masacres, como las de Sacaba y Senkata. Quien quiera oír, que oiga.

Un elemento constitutivo de los crímenes de Estado es la garantía de impunidad para sus ejecutores materiales y quienes los ordenan y planifican. Garantía que obtienen por varias vías, una de ellas es la emisión de instrumentos –ilegítimos por su origen, ilegales por su contenido– para revestir de “legalidad” la perpetración de sus crímenes. Esta dictadura emitió el Decreto Supremo 4078 –inicialmente secreto– de inmunidad para las Fuerzas Armadas, a las que exime de reproche penal en las acciones represivas.

Ese reaseguro de impunidad y la negación y vulneración de todos los derechos que sufre el pueblo boliviano, llevó a presentar en Argentina varias demandas contra la dictadora Añez y sus funcionarios, apelando al principio de justicia universal. Al día de hoy, en el Juzgado Federal de la ciudad de Córdoba avanza la iniciada el 29 de noviembre de 2019 por el abogado Esteban Ortiz en nombre del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericano, iniciativa de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, integrantes de la comunidad académica y sindicatos. A esta demanda se acumuló otra, iniciada en Buenos Aires por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ante “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”, y solicitó la detención con fines de extradición de Añez y otros altos cargos del gobierno dictatorial. Ante las trabas que ha puesto la fiscalía distintas personalidades e instituciones se han presentado como “amigas del tribunal” para fortalecer la querella del Comité de Solidaridad.

Sin agotar los crímenes que enumera la demanda, por su “participación en la planificación y ejecución del golpe de Estado y el ejercicio sistemático de violaciones a los derechos humanos” y la implantación del terror, la querella incluye a la dictadora Jeanine Añez, a varios ministros y ex ministros; jefes militares y policiales, y también a Carlos Mesa y Fernando Camacho, que son algunos de los que encabezaron la violenta oposición política al gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Uno de los denunciados, el ministro Murillo, acaba de afirmar que “lo políticamente correcto sería meter bala” a quienes se manifiestan exigiendo la realización de elecciones continuamente postergadas.

El principio de justicia universal en el que se afirma la querella contra la dictadura boliviana nos remite a dos antecedentes cercanos: la denuncia por genocidio y terrorismo de Estado contra la dictadura militar-civil iniciada en Argentina el 24 de marzo de 1976, presentada por la Unión Progresista de Fiscales ante la Audiencia Nacional 5 de Madrid en marzo de 1996. Y la demanda iniciada en 2006 ante el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Buenos Aires por crímenes franquistas cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. En aquel marzo del 96 la impunidad cubría todos los crímenes de la dictadura, pero sostener el reclamo de justicia desembocó en que al día de hoy cientos de genocidas están bajo proceso y otros tantos fueron condenados. El juzgamiento de los crímenes del franquismo continúa obturado en España; los familiares y las víctimas de esa dictadura esperan que el próximo 3 de septiembre, el ex ministro Rodolfo Martín Villa responda a la citación a indagatoria del juzgado de Buenos Aires, pendiente desde 2014.

Un nombre está inscripto en la lucha por el alcance universal de la persecución de crímenes de Estado: Carlos Slepoy, el militante abogado que murió en Madrid en abril de 2017.

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