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Política

Siete ministerios del Gobierno de Aznar, en el punto de mira de la investigación de la ‘caja B’ del PP

Los departamentos dirigidos por Álvarez-Cascos, Trillo, Pilar del Castillo, Elvira Rodríguez y Acebes adjudicaron obras al empresario García Pozuelo, condenado por la la Gürtel, y la UDEF ha requerido el acceso al “contenido íntegro” de los expedientes administrativos

Siete ministerios del Gobierno del PP de Aznar, en el punto de mira de la investigación de la ‘caja B’ del PP
José María Aznar

Cuatro protagonistas: el empresario Alfonso García Pozuelo, expresidente de las sociedades Constructora Hispánica –después,Assignia Infraestructuras– y EOC de Obras y Servicios; Francisco Correa, exlíder de la trama Gürtel; Luis Bárcenas, exgerente y extesorero del PP, y José María Aznar, presidente del PP de 1990 a 2004 y del Gobierno de 1996 a 2004. Los tres primeros están condenados en firme por el Tribunal Supremo –García Pozuelo a dos años de cárcel sustituibles por multa, Correa a 51 años y Bárcenas a 29 años y un mes– por delitos relacionados con la primera etapa de actividades de la Gürtel; el cuarto –Aznar– fue el presidente de un Gobierno a varios de cuyos ministerios, entes y organismos públicos la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, más conocida como UDEF, solicita ahora investigar por si tuvieran vinculación con la ‘caja B’ del PP.

Ya está probado que García Pozuelo entregó dinero al PP –un total de 258.000 euros entre diciembre de 1998 y abril de 2006, en nueve entregas de entre 12.000 y 60.000 euros– y que las adjudicaciones de obras a sus empresas generaron la entrega de comisiones y la posterior distribución de las mismas entre los cargos públicos o responsables políticos que coadyuvaron a ellas desde comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP. De hecho, en el juicio oral de la primera etapa de actividades de la Gürtel, García Pozuelo llegó con la Fiscalía a un acuerdo de reconocimiento de los hechos por los que se le acusaba y Correa corroboró lo afirmado por el empresario, evidenciando entre ambos el ‘modus operandi’ de la trama para adjudicar los contratos y repartirse las mordidas.

La sentencia que condenó a García Pozuelo, Correa y Bárcenas determina que el grupo de Correa y miembros del PP –partido que fue condenado como partícipe a título lucrativo– establecieron un “auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (comunidades autónomas y municipios gobernados por el PP)”, una “estructura de colaboración estable” que permitió que las empresas del grupo de Correa u otras empresas designadas por este, con el acuerdo y la colaboración de cargos públicos del PP, “gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública”.

Ahora –en un informe de la UDEF fechado el pasado martes, 24 de noviembre, y al que ha tenido acceso LUH–, la unidad policial, para “concretar” los indicios de los que dispone, solicita al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la ‘caja B’ del PP que abra diligencias para investigar también 21 contratos, por un valor total de 569,1 millones de euros, adjudicados entre 2002 y 2004 y que afectan directamente a cinco ministerios del Gobierno del PP de Aznar –Fomento, Defensa, Educación, Medio Ambiente e Interior– e indirectamente a otros dos: Economía, a través de Turespaña –organismo autónomo adscrito a dicho ministerio–, y Hacienda, a través de la Agencia Tributaria –ente de derecho público integrado en dicho departamento–. Los contratos fueron firmados con empresas de García Pozuelo, y la UDEF –teniendo en cuenta el contenido de las declaraciones prestadas tanto por el empresario como por Correa durante el juicio oral de la primera etapa de actividades de la Gürtel– requiere “a la Secretaría General Técnica o su equivalente” de los ministerios o entes y organismos públicos afectados el “contenido íntegro” de los expedientes administrativos de esos contratos, para examinarlo. Y especifica que el contenido íntegro de un expediente administrativo de contratación está conformado por “las actuaciones previas, orden de inicio, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y anexos, contenido de las ofertas presentadas por todos los licitadores y acreditación de su entrada en el registro del órgano público, informe técnico de valoración de las ofertas presentadas y justificación de las puntuaciones otorgadas, actas de la mesa de contratación, resolución de adjudicación, contrato, ejecución, modificados en su caso (inicio, justificación, informes, memoria), certificaciones, acta de recepción, liquidación y recursos interpuestos en su caso por algún licitador y las comunicaciones registradas”.

“Íntimo amigo de Francisco Álvarez-Cascos”

“Aunque no resulta fácil –es una investigación compleja y ha pasado cierto tiempo–, no vamos a cejar en el empeño de seguir avanzando en esta investigación que al menos por nuestra parte nunca se ha dejado de impulsar, teniendo en cuenta que el propio García Pozuelo, que por cierto era íntimo amigo de Francisco Álvarez-Cascos, reconoció en el juicio oral de la Gürtel que se pagaron mordidas a destacados miembros del PP”, han destacado a LUH fuentes de la acusación popular que conforma Izquierda Unida en la causa de la ‘caja B’ del PP, que recuerdan que el informe de la UDEF “pone en cuestión la forma de adjudicación de algunos de los contratos” de los departamentos del Gobierno de Aznar con las empresas de García Pozuelo.

Los 21 adjudicaciones afectan directa o indirectamente –a través de entes y organismos públicos– a un total de siete ministerios del Gobierno del PP de Aznar: Fomento, dirigido por Francisco Álvarez-Cascos; Defensa, dirigido por Federico Trillo; Educación, dirigido por Pilar del Castillo; Economía, dirigido por Rodrigo Rato; Medio Ambiente, dirigido por Elvira Rodríguez; Interior, dirigido por Ángel Acebes, y Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro. Doce de esas adjudicaciones, por un total de 301,1 millones de euros, afectan a Fomento: cinco al propio ministerio –por 204,8 millones–, cuatro a Adif –por 260,8 millones–, una a Aena –por 32,8 millones–, dos a Sepes –por 7,1 millones– y dos a Renfe –por 452.000 euros–. Económicamente, el segundo departamento más afectado es Defensa, con una adjudicación por 30,7 millones; el tercero, Educación, con una adjudicación por 13,0 millones; el cuarto, Economía, con una adjudicación –por parte de Turespaña– por 9,0 millones; el quinto, Medio Ambiente, con tres adjudicaciones por un total de 4,2 millones: una del propio ministerio por 1,3 millones, otra de la Confederación Hidrográfica del Tajo por 2,4 millones y otra de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 502.000 euros; el sexto, Interior, con dos adjudicaciones por un total de 3,6 millones: una del propio ministerio por 1,4 millones y otra de Siep por 2,2 millones; y el séptimo, Hacienda, con una adjudicación –por parte de la Agencia Tributaria– por 2,5 millones de euros.

En su declaración en el juicio oral de la primera etapa de actividades de la Gürtel, Correa aseguró que él se ponía “de acuerdo con Luis Bárcenas para favorecer, en los concursos para las adjudicaciones, a los empresarios que colaboraban con el PP efectuaba la gestión de los candidatos a la licitación que estaban interesados en obtener, y si tenían éxito, en el sentido de resultar adjudicatario, el empresario entregaba una comisión procediendo al reparto de la misma entre él y Bárcenas” y que “uno de los empresarios con los que tuvo esa relación fue con Alfonso García Pozuelo, para quien gestionaba obras importantes licitadas por la Administración Central del Estado ante Bárcenas”.

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4 Comentarios

4 Comments

  1. Jovella

    1 de diciembre de 2020 00:28 at 00:28

    Matas en la cárcel, Zaplana en la cárcel, Rato en la cárcel. Todos ellos ministros de Aznar. Así que después de ellos aún podrían ir entrando también todos estos. Y Aznar aún tiene la cara dura de ir por ahí dando consejos y lecciones de patriota. Se necesita ser hipócrita.Él también debería terminar en la cárcel. Aunque en seguida saldrían Felipe González, Alfonso Guerra, José Bono,…firmando una carta en su apoyo y defensa.

  2. ESTRELL@

    1 de diciembre de 2020 07:38 at 07:38

    A ver si la gente abre los ojos ante las evidencias y las pruebas , si siguen tirando de la manta aquí cae hasta el apuntador.
    Muy bueno tu comentario Jovella ,es la pura verdad.
    los viejos roqueros están para los leones, que lo mismo estos ni se los comen, por mucha hambre que tengan…

  3. José L. Soto

    1 de diciembre de 2020 17:42 at 17:42

    Aznar ha sido el iniciador de la mafia en el PP, la inició en Castilla-León acusando falsamente al que fue su presidente en aquel entonces, De la Madrid, que terminó marchándose harto de tantas mentiras e insidias. Ahí inició la andadura mafiosa del PP, con su lugarteniente Miguel Ángel Rodriguez, que ahora anda asesorando a IDA, que lleva el mismo camino. Así es la derechona española, la extrema derecha heredera del franquismo, esos que no apoyaron la Constitución y ahora son mas constitucionalistas que la propia Constitución, así se escribe la historia de toda esta basura franquista.

  4. José Ramón

    1 de diciembre de 2020 18:43 at 18:43

    Igual, sus Señorías nada harán para que el Sr. Aznar se explique, » Controlaremos por detras la sala segunda», por eso CaZado no renueva el CGPJ, se imaginan que m. Rajoy, Aznar, Cospe, Cifuentes,.., empiecen a desfilar por Soto del Real??? , eso sería inadmisible, están todos los PPodridos metidos e el ajo e mayor o menor medida, son evidentemente, una Organización Criminal que debería ser ilegalizada..

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