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Internacional

“Son horas críticas para el Ecuador”, el progresismo corre peligro

Esther Cuesta, Asambleísta ecuatoriana por la Circunscripción de Europa, ha asegurado en una conversación en exclusiva con LUH! que la democracia en el Ecuador vuelve a estar peligrosamente en riesgo

Ecuador elecciones

“Hay una evidente estrategia por parte del Gobierno y sus aliados, que son los poderes fácticos –los poderes económicos– de proscribir la candidatura, el binomio Arauz-Rabascall de Unión por la Esperanza, que representa el progresismo en el Ecuador. Hay esta intención de proscribir la candidatura para que solamente quede el candidato de la derecha, que es un banquero, y los ecuatorianos no tengan la opción de elegir”, comenzaba la conversación con la Asambleísta Esther Cuesta.

Y es que todo parece apuntar que, debido a la más que probable proscripción de la candidatura Arauz-Correa –tras un bochornoso proceso judicial de casación de escasos 17 días–, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede tomar decisiones con la alternativa a presentar, el binomio conformado por el propio Andrés Arauz y el candidato Carlos Rabascall, debido a una reintepretación interesada del marco judicial vigente.

Desarrollo del proceso, condena exprés de casación y lawfare

Todo ello se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de desterrar a todos los efectos las candidaturas progresistas en el Ecuador para las próximas elecciones, que se celebrarán el 7 de febrero de 2021.

Comenzó con la imputación del expresidente Rafael Correa, quien contaba con más de 30 juicios abiertos –de los que no se ha deducido ningún tipo de condena por no hallar pruebas–, hasta la llegada del caso “Sobornos”, por el que se ha ratificado 8 años de condena tras un auto de casación exprés, resuelto por escrito en tan solo 17 días.

“Este Gobierno se ha dedicado a proscribir a Rafael Correa como persona, por lo que él representa. Lo impidieron de manera judicial por medio del lawfare, judicializando la política. Emitieron una condena exprés de casación en tan solo 17 días, donde emitieron la audiencia de casación y el fallo final escrito, algo que nunca hace ningún país, cuando generalmente en Ecuador puede durar una media de un año”, asegura la Asambleísta.

El caso parece apuntar a una escrupulosa selección judicial guiada por intereses políticos, en pos de la consecución de un fin concreto, que es que la Revolución Ciudadana no tenga espacio en los comicios. “El expresidente Mahuad lleva 10 años esperando la casación de su caso judicial. Es un caso de celeridad selectiva. Estamos de acuerdo con que la justicia sea eficiente, pero que sea eficiente para todos, no solamente cuando hay un interés político detrás”, ejemplificaba Cuesta.

Trabas en la inscripción de los partidos políticos

Asimismo, esta estrategia de persecución judicial hacia el líder ecuatoriano se ha combinado con bastas ‘carreras de obstáculos’ burocráticas, que se han saldado con la prohibición sistemática de las candidaturas partidistas de las fuerzas coherentes con los principios de la Revolución Ciudadana.

En una primera estratagema, Lenín Moreno quiso hacerse con el partido por el que Rafael Correa presentó por vez primera su candidatura en 2006, Alianza País, y así desterrar la fuerza progresista principal en el Ecuador. “Una vez condenaron en tercera instancia a Rafael Correa, lo que han querido hacer todo este tiempo paralelamente es proscribir el partido político. Por ello, nos quitaron Alianza País, partido que utilizó Correa para su primera candidatura en 2006. Digamos que se lo apropió Lenín Moreno para destruirlo, para que muriera”.

Este hecho provocó que la militancia quedara huérfana de figura política a todos los efectos, claro, legales y de participación electoral. “¿Qué significa esto? Que la mayor fuerza política del Ecuador, la misma que en las últimas elecciones hace dos años ganó dos de las tres prefecturas más grandes del país –Pichincha y Manabí–, se queda sin partido”, explicita la política.

Toda esta estrategia se entiende dentro de un marco muy probable de victoria. “Todas las encuestas nos dan que la Revolución Ciudadana, con Andrés Arauz a la cabeza, ganaría en primera vuelta”, asegura Cuesta.

Tres intentos han hecho falta para registrar un nuevo partido –ninguno de ellos, por cierto, aprobados por parte del CNE– donde la militancia del correísmo pudiera encontrar hueco para, de manera legal, participar de la contienda electoral.

Decidieron, por tanto y en un también frustrado primer momento, aliarse con el partido Compromiso Social. “¿Qué pasó? Suspendieron la participación política de este partido y nos quedamos sin partido nuevamente. Hemos tenido que buscar otro nuevo, Centro Democrático, que forma parte de la Alianza de la Unión por la Esperanza, para poder participar en las elecciones”, testificaba la Asambleísta.

¿Qué ocurre con el binomio Arauz-Rabascall?

“Hemos tenido todo en contra, en una cancha totalmente inclinada, con un Gobierno que continua haciendo presiones al Consejo Nacional Electoral para que no acepte la candidatura de Arauz y Rabascall”, adviene, a modo de repetitivo presagio, Esther Cuesta.

A pesar de que la ley les ampara y que han seguido los procesos burocráticos en tiempo y forma, la política no alberga confianza en las decisiones que el CNE pueda tomar en las próximas horas.

“Rafael Correa no puede participar del proceso electoral al tener una condena por casación ejecutoriada en tercera instancia a pesar de no existir ninguna prueba. Pero el Código de la Democracia, que es la Ley que regula los procesos electorales en el Ecuador, en su Artículo 104 establece que si se rechaza un candidato de la lista, el partido proponente tendrá que presentar su nuevo candidato”.

Aseguraba, entonces, que “la situación actual, crítica, es esa: el CNE debe notificar que rechaza la candidatura de Correa y el partido, a su vez, le proponga el nuevo candidato mientras el tiempo electoral sigue corriendo. Estamos en ese momento, por eso estas horas son tan angustiantes para nosotros. A pesar de que estamos actuando en derecho, pensamos que, lamentablemente, debido a que en los últimos tres años y medio en el Ecuador lo último que se ha respetado es la Constitución, las leyes, el orden constitucional establecido y el Estado de derecho, si bien es cierto que la ley nos tutela para poder presentar nuestro nuevo binomio, por aspectos políticos, no sabemos qué va a pasar”.

Las sospechas que circulan ante este poco frecuente espacio en la comunicación de la proscripción rondan sobre la posibilidad de búsqueda de una “reinterpretación” del actual marco jurídico sobre el que se rigen las candidaturas, algo que no tiene ningún tipo de cabida.

“Está en juego la democracia” y no solo en el Ecuador

Lo que reluce ante todo este panorama de incertidumbre política y persecución judicial es que existe una resistencia activa por parte de diversos poderes para que el progresismo no regrese al Ecuador. Y no tan solo dentro de las lindes del país andino, también a lo largo y ancho de la región latinoamericana.

Una suerte de estrategia geopolítica para garantizar que, en un contexto de crisis provocada por la pandemia de COVID-19, América Latina continúe siendo el ‘patio trasero’ de los poderes económicos, con Estados Unidos a la cabeza, para servir a sus intereses.

“Lo más peligroso que debemos recordar es que está en juego la democracia, no puede haber democracia si no hay elecciones libres. No puede haber democracia si los ciudadanos no tienen el derecho de elegir y ser elegidos libremente. Y ese es el riesgo que estamos corriendo en Ecuador. Por eso, en el día de hoy, hay una convocatoria en todo el territorio nacional para manifestarse a favor de la democracia. Los ciudadanos de manera espontánea y diferentes organizaciones sociales, han decidido acercarse a las oficinas centrales del Consejo Nacional Electoral y a cada oficina provincial para expresarle a las autoridades que los ciudadanos tenemos el derecho a elegir libremente dónde queremos que vaya el rumbo de nuestro país”.

Recordaba la Asambleísta, además, que “hay una evidente estrategia geopolítica de impedir que el progresismo retorne a América Latina. Estamos realmente en una situación– no solamente en Ecuador, lo hemos visto también en Bolivia, en Brasil y Argentina– de todo un mecanismo de lawfare y de linchamiento mediático para impedir que el progresismo regrese a América Latina”.

La importancia de la observación internacional

Ante todos estos hechos, las fuerzas progresistas han aunado sus consignas en solicitar a la comunidad internacional que se reformulen los procesos de observación electoral.

Parece deducirse una clara conclusión para encontrar sentido a la petición y es que las nuevas estrategias fraudulentas a nivel comicial se enarbolan previamente al mero conteo de votos. Explicaba así, de manera elocuente, la propia Cuesta: “nosotros reclamamos la importancia de la observación internacional en estos procesos electorales en el mundo. Si bien es cierto que las misiones de observación electoral van uno o dos días antes del proceso en sí, del sufragio, se da la necesidad de tener misiones observadoras electorales durante todo el proceso previo de inscripción de candidaturas, porque desde este proceso pueden existir los fraudes electorales. No solamente en el conteo y escrutinio, sino en la propia inscripción al impedir ilegal e ilegítimamente una candidatura presidencial”.

Lo que desde luego es un hecho claro es que la democracia en múltiples lugares del mundo está en riesgo. La pandemia ha despertado una nueva oleada de autoritarismos que centran su actividad en el desarrollo de las economías de mercado y en detrimento de la vida de los conciudadanos. ¿Quedará esperanza para el Ecuador?

 

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