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Política

“Tanto la justicia como la jefatura del Estado deben actuar siempre con criterios de neutralidad institucional”

Entrevista al magistrado Joaquim Bosch sobre el poder judicial en España

“Tanto la justicia como la jefatura del Estado deben actuar siempre con criterios de neutralidad institucional”
Joaquim Bosch

El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) ingresó por oposición en la judicatura en 2002 y fue portavoz de la asociación judicial progresista Juezas y Jueces para la Democracia de 2012 a 2016. Es coautor del libro ‘El secuestro de la justicia’ y ha analizado con frecuencia los problemas referentes a la independencia judicial.

Según la Constitución, la justicia en España “se administra en nombre del rey”. ¿Es esto normal?

Es una mera alusión retórica que reitera precedentes constitucionales históricos, sin ninguna consecuencia jurídica práctica. Evidentemente, el jefe del Estado no puede dar instrucciones al poder judicial sobre cómo debe dictar una sentencia y tampoco los magistrados pueden secundar indicaciones en ese sentido. Una integración sistemática de los preceptos constitucionales nos muestra que los jueces únicamente estamos sometidos al imperio de la ley –entendida como ordenamiento jurídico–, como establece el artículo 117.1 de la Constitución.

El cargo público más importante del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho públicamente que la justicia y el rey “impiden” que el Gobierno “cambie el país por la puerta de atrás”. ¿Qué opinión le merecen este tipo de afirmaciones?

Tanto la justicia como la jefatura del Estado deben actuar siempre con criterios de neutralidad institucional y sin conexiones partidistas. Es poco responsable que los dirigentes políticos pretendan apropiarse en su discurso de esos espacios institucionales, porque son de toda la sociedad y su credibilidad se erosiona cada vez que se pretenden instrumentalizar.

¿Quién debería elegir al órgano de gobierno de los jueces?

España ha tenido un sistema único en el ámbito europeo, en el que los principales partidos se han repartido por cuotas toda la cúpula judicial. En cambio, en los países de nuestro entorno existe un sistema mixto, que es el que defendemos desde el ámbito judicial, por el cual una parte del consejo es designada por el parlamento y la otra, al menos la mitad, por los jueces. Así quedó establecido en la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez, aprobada por el Consejo de Europa. Las concepciones europeas se fundamentan en que la separación de poderes ha de llevar a la existencia de frenos, contrapesos y espacios de vigilancia institucional. Esos equilibrios pretenden evitar los previsibles abusos de poder que pueden ocasionarse si la judicatura queda supeditada al poder político. Esa dualidad también impide los riesgos de un posible corporativismo judicial, ante la presencia de miembros designados parlamentariamente. Así funcionan los equilibrios institucionales y la vigilancia mutua.

“Desde el ámbito judicial postulamos el mismo sistema mixto que existe en los países europeos

¿Por qué se sigue diciendo que el CGPJ está politizado cuando lo elige el Legislativo, que emana directamente de las urnas, y que no lo está cuando lo eligen los jueces?

Nadie en nuestro país defiende que todo el CGPJ sea elegido por los jueces. Es un argumento tergiversador habitual que procede de los propios dirigentes políticos, para seguir nombrando, ellos sí, a todo el gobierno de la judicatura y controlando el poder judicial. Lo que postulamos desde el ámbito judicial es exactamente el mismo sistema mixto que existe en los países europeos. La intervención del parlamento ahí queda garantizada, pero desde una perspectiva de respeto a los equilibrios institucionales.

¿Pero no tendría que operar por completo el principio democrático con respecto al poder judicial?

Si nos fijamos, carece de sentido que las decisiones judiciales estén vinculadas al mandato de las urnas, porque precisamente una de las funciones del poder judicial es controlar las posibles actuaciones abusivas de los cargos políticos elegidos democráticamente. Sería tan absurdo como que un alcalde encausado por corrupción fuera juzgado por un tribunal elegido por su propio partido. En la función judicial no se puede aplicar el principio democrático entendido de ese modo, sino el consistente en que el pueblo, del que emana la justicia, ha asignado la función de juzgar a jueces independientes y no contaminados de forma partidista. Para asegurar una intervención del Parlamento resulta suficiente con la participación parcial propia del sistema mixto.

¿Mejoraría la separación de poderes con ese sistema mixto?

Ahí tenemos los datos de los países europeos: no tienen los problemas de separación de poderes que tenemos en España ni sufren esas constantes injerencias partidistas en la justicia. ¿Alguien puede pensar que todas esas democracias avanzadas no regulan el poder judicial con principios democráticos? En cambio, aquí ocurre todo lo contrario. Nuestra cúpula judicial está siempre desprestigiada, aunque está configurada desde los partidos políticos, con el falso argumento de la composición democrática. Lo deseable sería equipararnos a los países europeos en los que la separación de poderes funciona bastante mejor que aquí.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que el órgano de gobierno del poder judicial tiene que ser renovado cada cinco años, pero el PP lleva dos años negándose a hacerlo, aprovechando que la ley exige una mayoría de dos tercios. ¿Qué está fallando para que ese bloqueo sea posible?

Lo que falla principalmente es la lealtad institucional y la falta de aceptación del mandato establecido en la Constitución de que el CGPJ debe renovarse cada cinco años. A ello debe añadirse la voluntad de aprovecharse de que la actual cúpula judicial fue diseñada por el exministro Gallardón en función de los intereses de su partido. Ha actuado muy eficazmente en estos años como correa de transmisión del mismo. Durante todo este tiempo en funciones ha seguido nombrando magistrados en los principales tribunales del país, a menudo con un marcado sesgo partidista y sin un sistema reglado de méritos objetivos, como han denunciado diversas entidades. Y también ha intervenido activamente en determinados conflictos públicos, para alinearse de manera clara con las expectativas del partido político que configuró ese CGPJ.

No me consta ninguna situación equivalente de bloqueo en un consejo de la judicatura en otros países europeos”

¿Ese bloqueo tiene parangón en algún otro Estado de Europa?

No me consta ninguna situación equivalente de bloqueo en un consejo de la judicatura en otros países europeos. En las democracias avanzadas hay un gran respeto por el funcionamiento sólido de las instituciones, porque saben que es muy peligroso su descrédito. Eso es algo que aquí se olvida a menudo.

¿Qué le parece la reforma que prepara el Gobierno para que en vez de exigirse una mayoría de dos tercios baste con la mayoría absoluta, es decir con la mitad más uno del Legislativo?

La situación actual de bloqueo es inaceptable, por lo que puedo comprender que se exploren fórmulas para superarla, pero me parece un grave error incrementar aún más el control partidista de la cúpula judicial. Las mismas dinámicas tan censurables que en este último CGPJ se han practicado desde el ámbito político de la derecha ahora se repetirían o incluso se agravarían desde la izquierda, y así sucesivamente. La reforma hoy puede favorecer al PSOE y a Unidas Podemos, pero mañana sería utilizada por PP y Vox. De este modo, la credibilidad de nuestro sistema de separación de poderes no dejará de caer en picado.

¿Había otras formas posibles de acabar con el bloqueo del CGPJ por parte del PP o esa era prácticamente la única?

Sí hay otras fórmulas, menos lesivas para nuestro sistema institucional. Bastaría con regular legalmente las atribuciones de un CGPJ en funciones, para dejarlas reducidas a su mínima expresión, en especial en todo lo referente a nombramientos discrecionales de magistrados de altos tribunales. Esta supresión de los incentivos que benefician a quien bloquea dejaría sin sentido la propia situación y forzaría a negociar para llegar a soluciones de desbloqueo institucional.

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