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Política

“Trato de favor” en la Audiencia Provincial de Ciudad Real: ponen en libertad al asesino de los Abogados de Atocha

El sindicato Comisiones Obreras ha tildado la resolución como “injusta”, tanto a niveles jurídicos como de responsabilidad con la memoria democrática

Trato de favor liberación García Juliá asesino Abogados Atocha

La resolución estimada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real de poner en libertad al asesino de los Abogados de Atocha está plagada de concesiones y críticas.

La primera de ellas, según denuncia Comisiones Obreras, proviene de un “desentendimiento” por parte de la propia Audiencia Nacional en el caso. “Es reprochable la conducta de la Audiencia Nacional que se ha desentendido de la ejecución de la pena pendiente por cumplir de García Juliá y se ha remitido a la competencia y a lo que decidiera la Audiencia Provincial de Ciudad Real”, se podía leer en su comunicado.

El sindicato alega que los criterios jurídicos que se aplican en una concesión de tal calibre en otros tribunales contradicen la decisión de la Audiencia Provincial, observando privilegios exentos de motivo. Sobre todo, cuando la petición de revisión de condena viene dada por el propio asesino, que cuenta, incluso, con antecedentes de fuga reiterados, habiendo llegado a huir de la justicia española durante 20 años.

“La decisión de la Audiencia de Ciudad Real implica la aplicación de unos beneficios penitenciarios ordinarios y extraordinarios en virtud de los cuales de los 30 años como pena máxima aplicable según el Código Penal de 1973, que no debieron efectuarse por regla del Código Penal, se van a cumplir bastantes menos”, explicita la nota. “Con esta interpretación García Juliá solo ha permanecido desde su regreso a España escasos meses en prisión y será liberado el día 19 de noviembre en virtud de esta decisión”.

El ultraderechista Carlos García Juliá se fugó mientras disfrutaba de un permiso otorgado de manera indebida para viajar a Paraguay. Pasó dos décadas entre Bolivia, donde fue también encarcelado por tráfico de drogas y huido, y Brasil, hasta que se consiguió su extradición en agosto de 2019 después de años de investigación por parte de la Interpol.

Alegan, además, que todas estas decisiones jurídicas se han tomado sin conocimiento de las propias víctimas, de las que tan solo vive Alejandro Ruíz, ni sus familiares o herederos.

CCOO manifiesta un evidente “trato de favor” para los pistoleros responsables del asesinato con claros tintes ideológicos, por lo que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicitan, por lo pronto e inmediato, medidas cautelares como la retirada de pasaporte y su no expedición debido a los antecedentes de fuga antes de que se resuelva.

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