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Opinión

¿Tres semanas con permiso de acoso?

El cesado jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid estaba muy al tanto de la intrahistoria de Galapagar, hasta el punto de ordenar a sus agentes a que instasen al supermercado de aquella localidad para que conservase un vídeo en el que aparecía Pablo Iglesias haciendo la compra sin mascarilla

Durante tres semanas, un grupúsculo de adictos al odio ha estado acosando el domicilio privado de dos representantes del Gobierno. Esto es algo que no había ocurrido jamás en los últimos cuarenta años de democracia, por lo que bien podría haber sido motivo de atención mediática. Hasta cierto punto alarma un poco que determinados analistas se hayan mostrado indiferentes.

La repetida incidencia ha venido sucediendo a medio centenar de kilómetros de la capital del estado durante casi tres horas al día,  todas las tardes y hasta bien entrada la noche. Se utilizaron para ello megáfonos de gran potencia que expandían al aire a todo volumen el cancionero del viejo régimen y un cúmulo de gritos y exabruptos afines al ideario retrógrado y guerracivilista con el que esos sujetos abonan su inquina.

Lo han venido haciendo hasta el pasado lunes, sin que los agentes de la Guardia Civil allí presentes tuvieran en cuenta que los reunidos carecían del correspondiente permiso para ese tipo de convocatorias y que los vecinos de Galapagar, la localidad en donde tuvieron lugar los hechos, como los de todo municipio de la geografía española, tienen derecho a no ver turbada la tranquilidad  y descanso en sus hogares, cuya preservación y protección corresponde a los agentes del orden.

Cuentan esos vecinos, que se manifestaron a su vez para hacer valer esas razones frente a la abusiva reincidencia de los alborotadores, que los agentes les obligaron a identificarse, sin que no lo tuvieran que hacer los que alteraban el orden público, liderados al parecer por una concejala del partido neofranquista en el Ayuntamiento de Galapagarcuya lenguaraz homofobia contra el ministro Marlaska -según La Última Hora- da cabal reflejo de su estofa mental.

Es muy significativo que solo después de que la información apareciese en este periódico, se puso fin a esas concentraciones, de las que cabe suponer tuviesen puntual referencia los superiores de los agentes personados, facilitada como es de ordenanza por los mismos día tras día hasta hacer nada menos que 22 de extraña e inédita manga ancha.

¿Se podría suponer, por lo expuesto, que si la familia compuesta por Irene Montero, Pablo Iglesias y sus tres hijos no fuera la acosada -gracias a la puntual información sobre su domicilio servida en su día con todo detalle por el periodismo de cloaca o muladar, iniciador a su vez de estas prácticas-, la Guardia Civil hubiese actuado con más celo? La respuesta a la negligencia, o a lo que fuere, queda por saber mientras no conozcamos la identidad de los responsables.

Recordemos que el cesado jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid estaba muy al tanto de la intrahistoria de Galapagar, hasta el punto de ordenar a sus agentes a que instasen al supermercado de aquella localidad para que conservase un vídeo en el que aparecía Pablo Iglesias haciendo la compra sin mascarilla. Esa orden se dio sin que existiera denuncia ni diligencia alguna y después de que el supermercado se negase por ello a entregar ese material.

Como es sabido, fue también esa orden la que alertó a la cúpula de la Guardia Civil, semanas antes del falaz informe sobre el 8M que acabó con el cese de Pérez de los Cobos y evidenció la chapuza de su elaboración, de la que se sigue nutriendo la airada oposición bipartita, cuyo objetivo a lo Bolsonaro  es hacer sin escrúpulos de la mendacidad ruido y fango, con la colaboración  estelar del burdo periodismo de alcantarilla, que para eso está.

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