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Una ley de vivienda, clave para paralizar los desahucios

Belén García Nieto, portavoz de la PAH, responde a la pregunta de por qué siguen produciéndose desahucios a pesar del Escudo Social del Gobierno de coalición.

Una ley de vivienda, clave para paralizar los desahucios
Vecinos y activistas por el derecho a la vivienda, durante la paralización de un desahucio

Los últimos datos del CGPJ arrojan que en el primer trimestre de este año 2021 se produjeron 10.961 desahucios en total –2.548 de hipoteca, 7.862 de alquiler y 551 de okupación– en el conjunto del Estado, casi 11.000 desahucios que evidencian que las medidas del denominado Escudo Social puesto en marcha por el Gobierno de coalición son cuando menos insuficientes, al menos en materia de vivienda. Los desahucios de hipoteca aumentaron un 6,5%, y los desahucios de alquiler, un 14%. A pesar de los casi cuatro meses de inactividad judicial por el estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus, el pasado año 2020 ya se cerró con casi 30.000 desahucios, concretamente 29.406.

Antes de nada, conviene dejar claro que las medidas del Gobierno de coalición han paralizado “muchísimos desahucios” y que sin ellas estaría habiendo “tres o cuatro veces más” desahucios de los que hay, destaca la portavoz de la PAH Belén García Nieto, consultada por LUH. Pero siguen sin ser suficientes.

¿Por qué siguen produciéndose desahucios e incluso sigue aumentando su número, a pesar del Escudo Social para proteger a las personas vulnerables?

Los motivos son básicamente dos. El primero afecta a los casos que no están legalmente cubiertos por el Escudo Social, y el segundo afecta a los casos que, estando legalmente cubiertos por el Escudo Social –los de personas vulnerables que residen en la vivienda, alquilada u okupada, de un gran propietario, y en este caso un gran propietario es un propietario de al menos diez viviendas, o que residen en la vivienda de un pequeño propietario, y en este caso un pequeño propietario es un propietario de menos de diez viviendas, que no sea declarado vulnerable–, acaban igualmente en desahucio por diversas circunstancias; una de ellas, relacionada con “propietarios de cuatro, cinco o seis pisos que pese a ello logran ser declarados vulnerables”, explica la portavoz de la PAH.

En cuanto a los casos que no están legalmente cubiertos por el Escudo Social, se trata de los desahucios de hipoteca: el Escudo Social impide determinados desahucios de alquiler y de okupación pero no impide ningún desahucio de hipoteca; una línea roja que la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno de coalición, Nadia Calviño (PSOE) –siempre sometida a las directrices de la Autoridad Bancaria Europea–, nunca ha estado dispuesta a cruzar.

En cuanto a los casos que, estando legalmente cubiertos por el Escudo Social, acaban igualmente en desahucio, ¿por qué acaban igualmente en desahucio? Por razones que tienen que ver una veces con los propios afectados, otras con los servicios sociales municipales y otras con los jueces.

“Hay afectados que desconocen sus derechos y que no acuden a un abogado de oficio en busca de asesoramiento legal o que no acuden a las asambleas por ejemplo de la PAH, por lo que sus casos acaban en desahucio a pesar de estar cubiertos por el Escudo Social”, explica García Nieto. “Hay afectados que sí llegan hasta los servicios sociales, pero estos no reconocen la situación de vulnerabilidad de esos afectados en sus informes, por lo que, a pesar de que sí existe una situación de vulnerabilidad, sus casos también acaban en desahucio a pesar de estar cubiertos por el Escudo Social”, añade. “Y hay afectados a los que los servicios sociales sí reconocen su situación de vulnerabilidad en sus informes, pero sus casos también acaban en desahucio porque el juez permite su desahucio a pesar de esos informes”, destaca la portavoz de la PAH. Y recuerda el caso de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid (PP/Cs+Vox) que no han considerado vulnerables a un hombre que “cobra 1.000 euros al mes de sueldo, tiene tres hijos y paga un alquiler” o a una mujer que  “cobra 500 euros al mes de pensión y tiene una discapacidad del 67% por esclerosis múltiple” y que ahora está “viviendo en la calle”. O el reciente caso de un juez también de Madrid que “hizo caso omiso a un informe de servicios sociales” en este caso sí favorable al afectado –algo que “es ilegal” y que su abogado de oficio ya ha anunciado que “quiere recurrir”–, afectado que ha acabado desahuciado por la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo), empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

A esos dos problemas –los casos que no están legalmente cubiertos por el Escudo Social y los casos que, estando legalmente cubiertos por el Escudo Social, acaban igualmente en desahucio– se suma otro, y es que el Escudo Social vence el próximo 9 de agosto, por lo que, si el Gobierno de coalición no lo prorrogara –en la última negociación en el seno del Ejecutivo, Unidas Podemos pretendió extenderlo hasta el próximo año 2022, pero sólo logró extenderlo precisamente hasta el 9 de agosto–, las personas vulnerables que residan en la vivienda, alquilada u okupada, de un gran propietario también dejarían de estar legalmente protegidas.

“Tenemos más de 40.000 desahucios a las puertas, porque los grandes caseros ya han anunciado que en cuanto venzan esas medidas se producirán más de 40.000 desahucios” –cifra resultante de sumar a los nuevos casos los que han sido frenados por el Escudo Social–, advierte García Nieto.

¿Hay solución?

“Por supuesto que sí” –apunta la portavoz de la PAH–, pero esa solución pasa por que no se pueda desahuciar a ninguna persona vulnerable “sin alternativa habitacional de vivienda pública”, una “responsabilidad” que las administraciones públicas “deben asumir” y no asumen, especialmente algunas como la Comunidad de Madrid. Y es que el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de la ONU ha condenado ya seis veces –la primera en 2015 y la última este año 2021– a España por vulneración del derecho humano a la vivienda, y las seis condenas son relativas a casos producidos en la Comunidad de Madrid. “Lo que pasa es que en España apenas hay vivienda pública –no llega al 2%, frente al 30% por ejemplo de Holanda–, y sin un parque de vivienda pública no se puede solucionar el problema”, advierte. Y resume: “No se trata de poner parches ni de retrasar desahucios, se trata de poner en marcha una ley de vivienda que considere la vivienda un derecho y no un bien de mercado, de regular el precio del alquiler, de ampliar el parque de vivienda pública y de dar utilidad a todas esas viviendas vacías actualmente en manos de grandes tenedores para la especulación”.

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