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Política

Unidas Podemos mira a los jóvenes y convence al PSOE para intervenir el precio del alquiler

Esta clase de medidas, históricas en España, acercarán la aprobación de los presupuestos a la mayoría de investidura, reafirmando el amplio apoyo parlamentario a la gestión del Gobierno

IMV regulación alquileres

Los presupuestos con el carácter social más importante de la historia de España tienen ya una propuesta material. En torno a ellos, Unidas Podemos ha ido negociando varias medidas que, no exentas de esfuerzo negociador, verán la luz durante la presente legislatura.

La mejora del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la regulación de los alquileres serán una realidad en cuanto se apruebe por el resto de fuerzas del Congreso. Según fuentes parlamentarias, ha sido el ‘caballo de batalla’ de Unidas Podemos respecto al PSOE, consiguiéndolo por el brío titánico de la formación morada en sus conversaciones, que establecía como ‘línea roja’ el impulso de estas dos medidas.

Las mejoras en el IMV

Las mejoras ampararán a un mayor porcentaje de población, haciendo, incluso, permanente la posibilidad de solicitarlo, cubriendo pérdidas repentinas de ingresos. Además, jóvenes, personas sin hogar y ancianos gozarán de requisitos más flexibles y duraderos.

La materialidad de las medidas pasan, entre otras muchas, por la reducción de 3 a 2 años de “vida independiente” demostrable para los menores de 30 años. Asimismo, los Servicios Sociales tendrán mayores competencias para poder acreditar las necesidades ante la solicitud, ampliando el marco a personas sin hogar que no puedan empadronarse. Además, podrán convivir más de dos titulares de IMV en un mismo domicilio, atendiendo a la –cada vez más– precaria realidad que se vive en muchas ciudades del territorio español, donde familias completas conviven en habitaciones dentro de un piso compartido por la imposibilidad del pago del alquiler.

Regulación de los alquileres, un reclamo social

La mejora del IMV no se entiende sin la esperada regulación de los alquileres, que suponía también un acuerdo programático entre las dos fuerzas políticas. La situación de emergencia social es innegable y, por tanto, improrrogable. Por eso, el compromiso del Gobierno radica en presentar una ley en el Congreso en un plazo máximo de 4 meses.

Dicha ley, querrá garantizar mecanismos públicos para la limitación o bajada del precio del alquiler en zonas donde el mercado esté tensionado, aplicable, además, a contratos nuevos y vigentes. Recogerá, tal como se anunciaba hace unos días, las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinos, así como supondrá la mayor Ley de vivienda de Europa respecto a intervención pública en el mercado.

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