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Unidas Podemos pide a la CNMC información sobre el expediente abierto a Idealista por manipulación de precios

“Nos dicen que la ley de la oferta y la demanda funciona muy bien, pero igual resulta que tenemos el mercado inmobiliario intervenido por lo privado, y para eso, lo intervenimos por lo público y así intentamos impedir que los monopolios privados impongan precios”, puntualiza Rafa Mayoral.

Unidas Podemos pide a la CNMC información sobre el expediente abierto a Idealista por manipulación de precios

En pleno debate sobre la especulación con un bien de primera necesidad como es la vivienda –especulación, por parte de los grandes propietarios, que atenta contra el artículo 47 de la Constitución– y sobre la regulación de los precios del alquiler de vivienda, Unidas Podemos ha registrado este martes en el Congreso una solicitud de información a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para saber cuál es la “situación de tramitación” del expediente sancionador abierto a Idealista y a otras seis empresas de intermediación inmobiliaria –Look & Find, CDC Franquiciadora Inmobiliaria, Inmovilla, Witei, Anaconda Services y MLS– por posible manipulación de precios a través de un algoritmo informático.

El 19 de febrero del pasado año 2020, la CNMC anunciaba en un comunicado la apertura de un “expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al mercado de intermediación inmobiliaria” para analizar la “posible coordinación de precios y otras condiciones comerciales en sus actividades”, prácticas “restrictivas de la competencia” prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia”, advertía la CNMC, que anunciaba que con la apertura de ese expediente sancionador contra Idealista y las otras seis empresas de intermediación inmobiliaria se iniciaba “un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC”.

Sin embargo, 14 meses después de aquel comunicado de la CNMC –organismo público independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario cuyo principal objetivo es “garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios”–, no ha habido ninguna noticia sobre el expediente sancionador, y precisamente por eso Unidas Podemos ha registrado este martes en el Congreso una solicitud de información a la CNMC para saber cuál es la “situación” de su “tramitación”.

Curiosamente, en estos 14 meses sin noticias sobre el expediente sancionador sí las ha habido sobre el cambio de propietario de Idealista, y es que el pasado mes de septiembre el fondo buitre sueco EQT compraba la empresa por 1.321 millones de euros, aunque dejaba al frente del equipo directivo de Idealista a su fundador, Jesús Encinar, que se refería a EQT como “uno de los fondos europeos más respetados con los que compartimos plenamente valores para crear empresas innovadoras, líderes, sostenibles y socialmente responsables” y aseguraba que con la compra de la empresa por parte del fondo buitre “se abre un nuevo camino para Idealista”. “Algo huele raro cuando una empresa que dice facturar en torno a 95 millones de euros la compra un fondo buitre por más de 1.300 y teniendo un expediente abierto por manipulación de precios”, ha asegurado a este respecto el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral en declaraciones a LUH.

Mayoral ha insistido en que, a cuatro meses de que venza el plazo para que la CNMC resuelva el expediente sancionador, Unidas Podemos no sabe si la CNMC “ha resuelto o no ha resuelto” el expediente ni “cuál es la situación de tramitación” del mismo, y ha añadido que su grupo también está muy interesado en conocer los “indicios” de la posible infracción –calificada de “muy grave” por la propia CNMC–, y es que lo que planteó la CNMC al abrir el expediente a esos “operadores que tienen capacidad de imposición de precios” es que “el establecimiento de precios está siendo determinado por portales inmobiliarios y por inmobiliarias”. “Nos gustaría saber cuáles son los indicios, porque si vamos a legislar, son datos muy interesantes; nos dicen que la ley de la oferta y la demanda funciona muy bien, pero igual resulta que tenemos el mercado inmobiliario intervenido por lo privado, y para eso, lo intervenimos por lo público y así intentamos impedir que los monopolios privados impongan precios”, ha puntualizado Mayoral.

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